El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ofreció ayer a los grupos parlamentarios el cierre de un acuerdo de reconstrucción económica y social para superar las secuelas de la enfermedad, que requeriría de 14.250 millones de euros. El pacto de Torres se plantea como prioridad fundamental el mantenimiento de los servicios esenciales: educación servicios sociales, ahora rebautizados como 'derechos sociales', dependencia y vivienda, y -por supuesto- un especial énfasis en el refuerzo de la sanidad pública y la atención sociosanitaria, en un momento en el que aún se desconoce el alcance y duración que podrá tener la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en las islas. El objetivo del pacto de reconstrucción es la creación de lo que -en la 'neolengua' con la que ahora se nos habla- se ha dado en llamar un 'escudo social', una protección especial para las personas más necesitadas. El pacto no define quiénes serán esas personas y cuántas serán, pero el discurso apunta a una percepción previa a esta crisis, al identificar a los vulnerables. Probablemente, miles de familias de clase media lo pierdan todo en un escenario terrorífico de caída del empleo y de desplome de la creación de riqueza en las islas, que el propio Gobierno de Canarias sitúa en cifras cercanas al 30 por ciento. El pacto menciona también como prioridad el impulso de la actividad económica -básicamente con prestamos a empresas, retrasos del calendario fiscal e inversión en infraestructuras- y la recuperación del empleo, aunque no parece posible destinar recursos a empleo más allá de los asistenciales -subsidio y extensión de los ERTE hasta junio. En ese sentido, es donde el proyecto se me antoja más cojo: la propuesta de Torres asume la necesidad de mantener los servicios de la Administración para garantizar la supervivencia y extensión de mecanismos y recursos asistenciales, pero es parco en propuestas concretas para la recuperación de las decenas de miles de empleos que se van a seguir perdiendo los próximos meses en Canarias. Y sin empleo, no puede haber economía, ni fiscalidad, ni servicios de la administración, ni nada de nada.
Esa 'inconcreción' ha sido bastante criticada por los partidos de la oposición, tanto como el perfil 'imaginativo' del montante económico previsto para la recuperación: esos 14.250 millones, que deberían ser aportados en comandita por la Administración regional y el Estado. Torres pretende que del total, Sánchez se comprometa a girar a Canarias 5.537 millones de euros, librando las partidas de emergencia que corresponden al Archipiélago -ERTE, autónomos, aumento del subsidio de empleo- e incorporando otras nuevas, como la renta básica nacional, por ejemplo. Habrá que ver cuánto viene de lo ya comprometido y cuánto es nuevo, no vaya a ser que nos repitan el numerito abracadabra del 'Plan Canarias'. Pero lo más raruno es la cuenta de los dineros que aportará el Gobierno de Canarias, hasta 8.712 millones de euros, una cantidad que -se nos dice- ya está en buena parte contemplada en el presupuesto de 2020, en las partidas no gastadas relativas a servicios esenciales. Con un presupuesto de 8.067 millones (descontando el gasto financiero, disparado por cierto por la póliza de crédito de Román Rodríguez) no sé de dónde saldrán todos esos cuartos. Sobre todo cuando la caída del consumo va a dejar la capacidad de recaudación de Torres por los suelos.
En fin, que soñar es gratis, pero a mí no me salen las cuentas. Pero deseo de todo corazón estar equivocado...
