La Renta Ciudadana. Sobre la Renta Ciudadana, un precepto recogido en el renovado Estatuto de Autonomía aprobado ahora hace un año, no se sabe prácticamente nada: ni su estructura normativa o reglamentaria, ni sus condiciones, ni su cuantía. Nada, salvo que en los presupuestos generales para 2020 se le han consignado 18 millones de euros. Es bastante asombroso que en el pacto de gobierno que convirtió a Ángel Víctor Torres en presidente no se concretarse mínimamente el contenido de este discutible instrumento de inserción, muy utilizado en la campaña electoral por Nueva Canarias -con cartelitos que prometían 600 o 700 euros mensuales a cada beneficiarios - y por Podemos -curiosamente más prudentes-. El Gobierno dizque progresista suele emplear un idioma alérgico al matiz informativo y a menudo mosqueado con la realidad. Durante años fue criticada la llamada Prestación Canaria de Inserción, regulada por ley en enero de 2007, pero ahora se reconoce que hay que partir de ella para redefinir objetivos y coberturas (como se hizo con figuras semejantes en Cataluña y el País Vasco). Podemos cifró el pasado mayo en unos 160 millones de euros lo necesario para afrontar la situación de unos 60.000 isleños carentes de cualquier recurso económico. Algo más que el triple de lo dedicado este año a la PCI. Los 18 millones se antojan pocos y es palpable la inquietud en las filas de Podemos. En el País Vasco se tardó más de dos años en diseñar una renta ciudadana, y funciona razonablemente bien, en Cataluña lo mismo, pero funciona peor. Las leyes que las regulan son técnicamente complejas y exigen equipos de trabajo amplios y solventes y una colaboración administrativa sistemática con los ayuntamientos. Un fracaso relativo o una dilación excesiva en la puesta en marcha de la ley transformaría uno de sus proyectos estrellas del Ejecutivo en un motivo para la frustración y la disensión interna.

El puerto de Fonsalía y los hoteles. No se construirá el puerto de Agaete. Pero el puerto de Fonsalía, al sur de Tenerife, es otra cuestión. Lo quieren los alcaldes socialistas -y quien fuera alcalde de Guía de Isora y ahora es presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín-. Y lo demanda Casimiro Curbelo, que es como si lo hiciera Júpiter Tronante, como única solución para descongestionar el puerto de Los Cristianos, entre otras imperiosas lógicas comerciales. Fonsalía, como Granadilla, tiene inevitablemente un coste ecológico y medioambiental nada insignificante, que para el PSOE y Curbelo parece perfectamente asumible, pero que irrita a Podemos y a las fuerzas ecologistas. Manuel Marrero, diputado de Podemos, ha explicitado que Fonsalía queda fuera del pacto. Sin duda. Pero practicando el avestrucismo sobre Fonsalía y los nuevos hoteles en la costa de Arico Podemos se queda fuera de su propia coherencia política e ideológica. ¿Cómo encaja Fonsalía en el concepto de desarrollo sostenible? ¿Podemos se descolgará de la protesta ciudadana que sobre el proyecto de Fonsalía se articulará en los próximos años?

Desempleo y crisis. El Gobierno regional expone una política social huérfana de una política económica. Y contra lo que parece suponer será la disminución o el aumento del desempleo - que ha escalado a más del 21% de la población activa - lo que marcará entre la mayoría social el éxito o el fracaso de su gestión. El paro, el subempleo y los bajos salarios son las causas principales de la desigualdad en Canarias y quizás sería de interés contribuir a su erradicación tanto como a restañar sus heridas.