26 de noviembre de 2019
26.11.2019

La guerra de los residuos

26.11.2019 | 00:35
La guerra de los residuos

A mediados de este mes, el Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias, un organismo dependiente del Gobierno regional, autorizó al Cabildo de Tenerife a continuar la licitación del contrato de gestión de residuos de la Isla, un procedimiento iniciado en abril por un importe total de 715 millones de euros a gestionar en 19 años, y que fue paralizado cuando sólo faltaban nueve días para su adjudicación, por un recurso presentado por la empresa Acciona Servicios Urbanos S.L. La empresa consideraba que en el pliego de cláusulas administrativas había algunos errores en el coste de la licitación, tanto en las obligaciones para atender los salarios del personal necesario, 180 millones de euros a distribuir en 15 años, que Acciona consideraba insuficiente, como en la cuantía establecida para poder atender las inversiones para que las plantas de tratamiento de residuos alcancen los rendimientos de recuperación de materiales exigidos en el pliego, un asunto que la empresa consideraba esencial para que pudiera ejecutarse el contrato.

El Tribunal Administrativo desestimó el recurso, levantó la suspensión cautelar establecida y el Cabildo decidió reanudar la adjudicación de acuerdo con el calendario previsto, y dando un plazo de menos de diez días, que vence precisamente hoy, 26 de noviembre, para que las empresas pudieran presentar sus ofertas. La sorpresa se produjo el pasado miércoles, cuando otra de las concurrentes, Vareser 96, S.L. presentó un nuevo recurso contra el pliego, relativo esta vez al modelo de gestión propuesto para la planta de tratamiento mecánico-biológico que se considera totalmente insuficiente...

Básicamente, lo que se plantea en el recurso es que el pliego incumple la Directiva Europea. Y es cierto: los residuos biológicos que se recogen en los diferentes municipios se llevan a la planta de Arico, pero el complejo del PIRS en Arico debe ser modificado en su totalidad para cumplir los objetivos de la UE para 2030 y 2035, estableciendo un modelo de reciclaje que alterara completamente las obligaciones del contratista adjudicatario en menos de cinco años.

Arico es una planta hoy obsoleta: los residuos orgánicos que se tratan se mal separan del resto de la basura y dada la pésima calidad de su tratamiento -que impide su reciclado como abonos- y son utilizados para cubrir el enterramiento del resto de basura. Eso provoca el nauseabundo olor que se soporta en la zona y otros problemas que ni se ven ni se huelen, y que seguirán existiendo si no se financian las inversiones necesarias. Quienes se oponen a las prisas en la licitación consideran que la imprevisión e inconcreción en el pliego sobre el reciclado de los biorresiduos impide una concurrencia correcta, al incumplirse los porcentajes de recuperación que fija Bruselas para los próximos 15 años. Europa ha endurecido la normativa para que se aumente el porcentaje de basura efectivamente reciclada y una parte se utilice para abono... y la licitación actual no contempla siquiera como tiene que hacer frente a eso la empresa que resulte adjudicataria. Aunque es obvio que será con nuevas inversiones, que el Cabildo podría financiar o no, en función de quien resulte adjudicatario. Al final estamos ante una guerra entre empresas que desconfían de que el Cabildo haga las cosas bien. Por eso sería conveniente que esta historia se aclarara, antes de que esta guerra de intereses acabe en los tribunales. Esta vez en los de Justicia.

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