Después de cinco largas sesiones, algunas a puerta cerrada, en la Audiencia Provincial de Almería, desde este miércoles 18 de septiembre, el futuro de Ana Julia Quezada, juzgada por la muerte del menor Gabriel Cruz, está en manos de las siete mujeres y dos hombres que forman el jurado, seleccionados entre treinta y seis candidatos posibles.

Sin público, prensa, ni señal audiovisual, el pasado lunes declararon los médicos forenses. Y, en una sesión clave para el desenlace de la causa, ayer, martes, se reunieron todas las pruebas y visionaron las grabaciones efectuadas en las investigaciones para confirmar una imagen fija de lo que ocurrió entre el 28 de febrero, cuando se denunció la desaparición del menor, al 11 de marzo de 2018, cuando la Guardia Civil descubrió su cadáver; apareció en la maleta del coche de la entonces novia del padre, que, dos días después y ante evidencias filmadas y grabaciones telefónicas, confesó la autoría de su muerte, con el argumento reiterado ahora de la accidentalidad: "Solo quería que callara".

Escribimos del suceso con mayor eco mediático del pasado año, tanto por sus extrañas circunstancias -se borró su pista en un trayecto de apenas cien metros entre la casa de su abuela y la de otros familiares- como por las características y dimensión del dispositivo de búsqueda que concentró a cinco mil personas entre profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y tres mil voluntarios, conmovidos por la simpatía del pequeño y llegados desde distintos lugares, y el comportamiento de sus padres. Desplegada en el municipio almeriense de Níjar y, concretamente en la localidad de Las Hortichuelas, la llamada Operación Nemo fue la mayor búsqueda coordinada en la historia de España.

Presente en la antigua legislación, el jurado popular se restauró en la recuperada democracia por el artículo 125 de la Constitución de 1978 y entró en nuestro ordenamiento jurídico por Ley Orgánica de 1995; la misma faculta a los ciudadanos a participar en la impartición de justicia, mediante este derecho-deber, "con medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento del deber y facilitar el ejercicio del derecho". Con solo un cuarto de siglo de existencia el crédito de la institución se ha justificado principalmente en los casos de "delitos contra las personas" y, ahora mismo, su veredicto despierta tanta expectación como la triste historia del niño Gabriel.