En un informe elaborado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Radiografía del Sector Químico español 2019, la industria química española alcanzó una cifra de negocios de 65.647 millones de euros en 2018, una cifra a la que Canarias apenas contribuyó con un exiguo 0,2 %. Canarias no para de quedarse atrás en el desarrollo de la ciencia, especialmente en el ámbito de la química. La falta de vocaciones científicas, la coyuntura económica internacional, la dependencia del sector turístico y hasta el brexit. Muchos son los porqués detrás de una problemática difícil de abordar, pero entre todas estas razones existen dos que pueden ser atajadas en el presente.
Fundamentalmente nos encontramos con dos tipos de problemas en lo que al desarrollo profesional de los químicos canarios se refiere. Uno relacionado con la colegiación y otro con la obtención de las autorizaciones administrativas dentro del ámbito empresarial de Canarias.
En cuanto al primero, es difícil cuantificar cuántos químicos e ingenieros químicos en la actualidad ejercen su profesión, por su gran dispersión entre la actividad pública y privada. La gran mayoría están en la enseñanza. Pero es tan escasa su colegiación, que no llega a un par de cientos. Sin embargo, de conformidad con la Ley de Colegios Profesionales 25/2009, se establece como requisito la colegiación obligatoria a todos los químicos que ejerzan la profesión en cualquiera de sus modalidades pública o privada. Existen diferentes posicionamientos ante la obligatoriedad de la colegiación como requisito sine qua non para ejercer la profesión. Pero, incluso quienes mantienen una regulación más flexible ven necesario preservar la capacidad sancionadora de los Colegios sobre los profesionales que vulneren los principios deontológicos. Recordemos que en la actualidad los Colegios Profesionales controlan la función pública de sus colegiados ante la dificultad de la Administración de regular una actividad especial y exclusiva, como hace con sus otros funcionarios. Asuntos esenciales para regular a los profesionales son: el cumplimiento de las normas deontológicas, el desarrollo profesional de formación continua y la calidad de los actos profesionales en las áreas de salud, asesoría legal, fiscal, económica, científicas y técnicas, que tienen impacto en la sociedad y en las personas, con consecuencias importantes para la seguridad y la salud de los consumidores, usuarios, clientes y pacientes.
En cuanto a los Consejos de Colegios Profesionales de España, la Unión Profesional es una institución que agrupa a todos y defiende los intereses de las profesiones colegiadas, velando por los derechos de los usuarios de los servicios profesionales y de la sociedad civil. Una de sus últimas iniciativas está siendo la implantación de la Ley 5/2012 sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles. La mediación es una herramienta para la resolución extrajudicial de conflictos en todo tipo de ámbitos. En este sentido, en la actividad de los químicos como mediadores, no solo influyen sus conocimientos y su experiencia, sino la actitud positiva ante el arbitraje entre partes, conforme a los criterios de Victor Küppers, experto en gestión emocional y psicología positiva.
Un segundo problema viene a la hora de las empresas obtener las licencias y autorizaciones de la Administración para el ejercicio legal de su actividad, en sus tres niveles de ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, con sus respectivos políticos, técnicos y funcionarios. A raíz de la corrupción aflorada en los últimos años, se produce un efecto avestruz. Ya sea por miedo, desconfianza o descoordinación entre administraciones, se eterniza la concesión de los expedientes ante el temor a ser llamados a los juzgados. Por esto, los expedientes, en general, duran 2 o 3 años más de lo normal ante la impotencia de los que sufren los efectos. Como consecuencia, el desarrollo empresarial se estanca de manera alarmante. Se está llegando al punto de que los expedientes se acaban resolviendo por "silencio administrativo", en los casos donde la ley contemple este procedimiento de resolución. Parece que los diferentes gobiernos están más centrados en los compromisos electorales cortoplacistas, que en facilitar la inversión y el desarrollo, que crearía más empleo y sería la clave para solventar muchos de los problemas actuales en Canarias.
Respecto a las soluciones, sería deseable en cuanto al primero, que los profesionales químicos tomen conciencia de la importancia de estar colegiados. Y en cuanto al segundo, que las administraciones se coordinen mejor y, por otro lado, se implante la autorregulación administrativa, donde se deriva la responsabilidad de las autorizaciones al profesional. Esto permitirá de manera evidente, como sucede en otros países de la Unión Europea, el ansiado incremento del tejido productivo de la sociedad Canaria.
*Decano del Colegio Oficial de Químicos de Canarias
