El Supremo pide informe al fiscal para decidir si asume el caso de Tsunami Democràtic e imputa a Puigdemont

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha pedido informe al fiscal antes de decidir qué debe hacer sobre la exposición razonada elevada por el juez Manuel García-Castellón para que asuma la investigación abierta en relación con las protestas convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic y, en su caso, imputar al expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg. Dada la condición de aforados de ambos solo pueden ser investigados por el alto tribunal.

En una providencia la Sala de lo Penal pide al ministerio público que se pronuncie sobre la competencia y el contenido de la exposición razonada elevada por García-Castellón, que ve los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo en este momento de la investigación. La Fiscalía en la Audiencia Nacional ha recurrido ese criterio, al apreciar meros desórdenes públicos en las protestas de octubre de 2019 por la sentencia del 'procés' que condenó a los líderes independentistas con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza.

En la misma providencia, el Tribunal Supremo ha designado al magistrado Juan Ramón Berdugo ponente del asunto. Será él quien, tras estudiar el informe fiscal sobre la admisión a trámite o no de la exposición razonada, proponga a la Sala aceptarla y abrir la correspondiente investigación o rechazarla.

Se da la circunstancia de que la existencia o no de un delito de terrorismo es de crucial importancia en la Audiencia Nacional, porque es lo que condiciona que se ocupe del caso o lo envíe a los juzgados del lugar donde sucedieron los hechos. En cambio, en el Supremo la competencia para investigarlo no vendría determinada por si los hechos son presuntamente constitutivos de terrorismo o de desórdenes públicos, sino por los indicios existentes contra los dos aforados.

Los recursos presentados por el fiscal y los imputados por García-Castellón contra la calificación que realiza el juez está pendiente de ser resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.