El PP abre otra vía de ataque a Sánchez más allá de la amnistía con el pacto sobre las competencias con Junts

La ley de amnistía es la clave de bóveda, pero la ofensiva del PP contra el Gobierno continuará con el debate de las competencias autonómicas y las próximas cesiones que Pedro Sánchez podría hacer a los independentistas, especialmente tras el reciente acuerdo con Junts que le permitió poner a salvo dos reales decretos leyes clave. 

Todavía está por ver la letra pequeña del acuerdo, como confirman dentro del propio PSOE e incluso en ERC, el partido que realmente gobierna en Cataluña. Pero el mensaje político, dicen en Génova, de “lo que Sánchez está dispuesto a poner por escrito” está ahí. Y llega, aseguran, en la apertura de un nuevo ciclo electoral. Alberto Núñez Feijóo reconoció en una comparecencia este jueves que tenía “dudas” sobre las competencias en materia de inmigración que podrían ser transferidas a la Generalitat. Los ministerios afectados ni siquiera conocían el acuerdo ni lo que quedó escrito en el acuerdo, e incluso Junts reconoció que la concreción del pacto tendrá que desarrollarse en una nueva ley.

“Pero lo que está claro es que Sánchez jamás habría hecho un acuerdo similar con un gobierno autonómico del PP”, reflexionan en la dirección nacional. Varios dirigentes autonómicos como el valenciano Carlos Mazón, la balear Marga Prohens, el murciano Fernando López Miras o el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, también muy golpeada por la inmigración irregular, exigieron este jueves una Conferencia de Presidentes, ahora sí, con carácter urgente. 

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Feijóo secundó esa petición, consciente de que todas las autonomías encabezadas por el PP vieron con alarma el transcurso del pleno del Congreso de este miércoles. Los conservadores entienden que Sánchez debe explicar ya los detalles del acuerdo y, sobre todo, que se abra de una vez por todas lo que entienden que será el principio de un camino en que la desigualdad entre ciudadanos aumentará. De hecho, el lehendakari, Íñigo Urkullu, exigió para el País Vasco lo mismo que se pactó con Junts.

En la dirección nacional del PP, que mantienen la amnistía como centro de su discurso contra Sánchez, hay dirigentes que dan por hecho que estos debates competenciales, y más en un asunto tan sensible como la inmigración, “pueden hacer mucho daño” al presidente. “La amnistía es la primera prueba de que todos los ciudadanos de este país no son iguales. Pero la gente entiende mucho mejor los asuntos que afectan directamente a sus vidas. Y el hecho de que Cataluña quiera controlar sus fronteras y eso afecte a las de otras autonomías puede ser muy grave”, insisten.

Los populares creen que esta exigencia de Junts, aún sin conocer su aplicación, traerá cola. Por eso, los servicios jurídicos del partido analizan desde ayer todas las transferencias posibles que el Gobierno podría proponer para aplacar a sus socios. En realidad, el Parlament rechazó una propuesta similar a petición de los de Puigdemont el pasado mes de septiembre. Ni ERC, ni los socialistas, ni la derecha dieron su apoyo.

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Por eso, reconocen en el equipo de Feijóo, el líder conservador no habló todavía del recurso de inconstitucionalidad sobre un asunto que está por definir. Otra cosa es la ofensiva política, que no parará. Entre otras cosas, recalcan en el PP, porque el acuerdo escrito del PSOE concede la intención de facilitar competencias en materia de inmigración a un partido que no hace tanto tiempo llamaba “xenófobo”.

Sí habrá recurso en el Tribunal Constitucional contra el llamado decreto ‘ómnibus’ del Gobierno por el abuso que el PP entiende que se está haciendo de esa figura sin poder justificar la urgencia. Y es previsible, dicen en la cúpula conservadora, que se lleven a cabo más actuaciones jurídicas. 

La vuelta a las calles estaba prevista para enero. A la amnistía se sumó después el pacto entre PSOE y EH Bildu para dar la alcaldía de Pamplona a los abertzales. El parón navideño y las primeras semanas de este mes son incompatibles con mantener la presión social fuera de las instituciones. Pero el plan siempre fue reactivarlo pronto, explicaban en Génova, al comprobar que el malestar y la voluntad de seguir en las protestas se mantenía.

De hecho, la idea de hacer una nueva concentración en Madrid el 28 de este mes tiene toda la intención. La batalla contra la amnistía se reactivará así, pero irá más allá: el PP volverá a llamar a la sociedad civil a mostrar su descontento contra Sánchez por estos nuevos acuerdos, y utilizará la exhibición de fuerza con la que cuentan para arrancar definitivamente la campaña de las elecciones gallegas, esenciales para los conservadores.

Que el nuevo ciclo electoral será planteado como un plebiscito contra el presidente no cabe duda. Mantener la Xunta y que el PSOE firme un nuevo fracaso en las urnas es lo que el PP necesita para mantener el relato de que Sánchez “pactará lo que haga falta por mantenerse en el poder”. Es la carta con la que Feijóo acudirá a las elecciones gallegas, otra autonomía en la que reprocharán la desigualdad entre ciudadanos que provocan los acuerdos con los independentistas.