Sánchez enfría la urgencia del PP por convocar la Conferencia de Presidentes y se reunirá antes con Aragonès

Pedro Sánchez no planea convocar una Conferencia de Presidentes antes de que acabe el año. Los trece presidentes del PP de las comunidades y ciudades autónomas formalizaron la pasada semana su petición para que se reúna de forma inmediata este foro multilateral. Lo hicieron conforme al reglamento, que establece su convocatoria si lo solicitan al menos diez presidentes autonómicos, pero en Moncloa se escudan en que la potestad última para fijar la fecha “depende del presidente del Gobierno”.

Con quien ya ha fijado una reunión el presidente del Gobierno es con Pere Aragonès. El encuentro bilateral con el 'president' de la Generalitat se producirá el próximo 21 de diciembre en Barcelona. Una reunión "ejecutiva" para crear "el marco de negociación" tras la investidura, según la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Fuentes de Moncloa avanzan que "se abordarán cuestiones de interés común para ambos gobiernos".

Aragonès y Sánchez se reunirán el 21 de diciembre en Barcelona

Otras fuentes de la cúpula del ministerio de Política Territorial también enfrían la urgencia de los barones populares y Génova. Aunque insisten en el argumento de que “quien convoca es el presidente”, sitúan entre los meses de enero y febrero la que sería la primera reunión de la Conferencia de Presidentes esta legislatura y tras el vuelco electoral en las pasadas elecciones autonómicas.

Tanto la mayoría de las comunidades autónomas como el Senado, bajo el control del PP, tiene potestad para condicionar el orden del día. Su objetivo es que se debata sobre los acuerdos de investidura con los soberanistas y sus efectos "sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial, entre otros". Un debate que intentan rehuir desde el Gobierno o, al menos, que no sea el protagonista. De ahí que en Moncloa menosprecien la intención de los populares asegurando que la reunión debe tener “contenidos”, en referencia a asuntos relativos a la “cogobernanza” y los ámbitos competenciales de las CCAA.

La reunión se celebrará “cuando haya asuntos a tratar”, zanjan las mismas fuentes. El presidente del Gobierno, junto a la mayoría de comunidades autonómicas y el Senado, también puede fijar los asuntos del orden del día. En esta línea, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, apelaba en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a a que la próxima Conferencia de Presidentes “sea para el consenso y no para el disenso”.

La reforma del reglamento de la Conferencia de Presidentes estableció que “se incrementan a dos las reuniones que, como mínimo, deberá celebrar a lo largo del año”. La última que se convocó fue en marzo de 2022. Desde el Gobierno justifican este retraso por las sucesivas citas electorales y por el periodo en el que el Ejecutivo estuvo en funciones. En su hoja de ruta a corto plazo el Gobierno, centrada en lo económico y la agenda social, se prioriza la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, la prórroga de medidas del denominado escudo social o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Urkullu y Aragonès

Los consensos que dejó la última cita, así como la presidencia de todos los presidentes autonómicos, incluidos el ‘lehendakari’ Iñigo Urkullu y el ‘president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, difícilmente podrán volver a repetirse. Por el alejamiento entre los dos grandes partidos y la estrategia de oposición de los populares al Ejecutivo central desde las comunidades en las que gobiernan. El PNV y ERC, por su parte, han redoblado la apuesta por la bilateralidad, en base a sus acuerdos de investidura, además de que Urkullu está de salida y los jeltzales afrontarán en las próximas semanas la precampaña de las elecciones vascas. En lo que a acuerdos y asistencia se refiere, la próxima cita será más descafeinada en comparación con la celebrada en la isla de la Palma en el contexto de la pospandemia, los fondos de recuperación y la erupción del volcán.

Desde el ministerio de Política Territorial confían en las buenas relaciones que su nuevo titular, Ángel Víctor Torres, mantiene con varios presidentes autonómicos de su etapa como presidente de Canarias para ejercer como “hombre de consenso”. Sin embargo, con el traje de ministro, y situándose al otro lado de la mesa, no será fácil este papel, máxime en el actual contexto de incremento de la polarización.

Fuentes de su ministerio reconocen que algún presidente autonómico del PP, como es el caso de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, no lo han felicitado tras haber sido nombrado. Sí lo han hecho de otros partidos, como el ‘president’ de la Generalitat. Asimismo, otras fuentes presenciales en la última Conferencia de Presidentes, poco antes de que Alberto Núñez Feijóo fuese proclamado como líder del PP, recuerdan que la actitud del político gallego ya basculó de la inclinación por el consenso hacia una mayor resistencia a los acuerdos. De hecho, Feijóo, todavía al frente de la Xunta, fue quien más se resistió a firmar la reforma del reglamento. Para lograr el acuerdo por unanimidad, además de los negociadores del Gobierno, intervino con un papel de mediación el por entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Sistema de financiación autonómica

El PP también ha solicitado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal para abordar la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica. El pasado martes en el Senado promovieron una moción en esta misma línea y desde la oposición a la quita de la deuda pactada con Cataluña, que los socialistas aseguran que se extenderá a todos los territorios.

Desde el ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, quieren vincular a la futura reforma del sistema de financiación autonómica la “armonización fiscal”. Asimismo, en el Gobierno quieren poner ante el espejo las “diferencias internas” de los populares. De hecho, la falta de consenso dentro de los dos grandes partidos es precisamente el elemento que ya impidió llegar a un acuerdo en la pasada legislatura. La armonización fiscal fue uno de los pocos puntos para la reforma que compartían todos los barones socialistas en la pasada legislatura, ya que sobre el método de cálculo manifestaron las diferencias clásicas entre las comunidades más poblaciones y las que tienen una demografía más reducida y dispersa.