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Caso Azud

La UCO cita como testigos a trabajadores y alcaldes del PSPV-PSOE por el caso Azud

Los agentes se interesan por la relación con el exsecretario de finanzas socialista y la campaña electoral de 2007

Un agente de la UCO de la Guardia Civil en uno de los registros contra la corrupción realizados en la Comunitat Valenciana. FERNANDO BUSTAMANTE

Tercera jornada de declaraciones del caso Azud en relación con la pieza separada secreta que investiga el presunto cohecho por las supuestas mordidas pagadas por empresarios a dirigentes del PSPV-PSOE para presuntamente financiar el partido y las elecciones de 2007. Los agentes del grupo de delincuencia económica III de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil citaron este viernes a declarar, en calidad de testigos, a tres trabajadores del partido y a varios alcaldes. Las declaraciones se prolongaron durante toda la mañana ya que, al comparecer como testigos sin letrado, están obligados a declarar y a decir la verdad sobre los hechos de los que les interrogan.

Esta pieza separada del caso Azud está secreta, por lo que los agentes de la UCO de la Guardia Civil evitan ofrecer detalles sobre la investigación que realizan. Aunque Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, sí ha podido saber que en los interrogatorios la Guardia Civil se ha interesado por el tipo de relación que mantenían con el responsable de finanzas del PSPV-PSOE de 1999 a 2004 y exvicepresidente de Bancaixa, José María Cataluña, investigado en esta causa desde la segunda fase de la operación Azud. Esta última estalló el 13 de mayo de 2021, y que acabó con la detención del exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, y subdelegado del Gobierno cuando fue arrestado, además del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y el empresario Jaime Febrer, en una supuesta trama de pago de comisiones y entrega de regalos a cambio de favores urbanísticos y preferencia en adjudicaciones públicas. En la primera fase del caso Azud entre los detenidos el 2 de abril de 2019 estaba el abogado y cuñado de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá (1991-2015), José María Corbín.

José María Cataluña no llegó a ser detenido el 13 de mayo de 2021, pero los agentes se incautaron de cuantiosa documentación y anotaciones sobre contrataciones en municipios de toda la Comunitat Valenciana así como un esquema del presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó. A Cataluña los investigadores del caso Azud lo consideran un facilitador de "contactos" al empresario Jaime María Febrer con ayuntamientos gobernados por el PSPV en los años bajo investigación en el caso, desde 2005 hasta 2013. Esta documentación es la que ha desencadenado la tercera fase del caso Azud y la apertura de esta pieza separada, que sigue bajo secreto de sumario para las partes.

Los agentes de la UCO también se han interesado sobre la campaña electoral de 2007 en la que el candidato socialista a la Generalitat fue Joan Ignasi Pla y en la que la Guardia Civil ha detectado pagos del empresario Jaime Febrer, a través de mercantiles intermediarias, a empresas de publicidad que colaboraron en la campaña electoral del PSPV-PSOE por valor de 240.476 euros, según consta en el sumario del caso Azud. 

Los delitos por los que están siendo investigados los nuevos imputados (cuya cantidad se desconoce) serían los mismos de los que ya están acusados los 60 investigados desde el inicio del caso: cohechofalsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, asociación ilícita y organización criminal, en función de la participación de cada uno de los investigados en las distintas tramas.

El delito de financiación ilegal no se persigue en esta causa porque no se introdujo en el Código Penal hasta 2015 y los hechos que se investigan en el caso Azud se circunscriben a los años 2007-2013. Si se llegaron a pagar mordidas, como apuntan los indicios recabados por los investigadores del caso Azud, sólo se podrían investigar por el delito de cohecho, que no prescribe hasta los 15 años de su comisión. Si el destino, como parece, de esos sobornos era financiar la campaña electoral del PSPV-PSOE en 2007, el presunto delito electoral ya habría prescrito, ya que solo es perseguible durante cinco años.

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