El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado el último intento de Oleguer Pujol de archivar el procedimiento en el que está imputado por las operaciones inmobiliarias realizadas a través de Drago Capital. El magistrado rehúsa pronunciarse hasta que dé por concluida la instrucción de la causa, en la que Anticorrupción considera que existen indicios "sólidos e indiscutidos" de delito contra la Hacienda Pública y "elementos incriminatorios" suficientes de blanqueo de capitales.

Oleguer, que está pendiente de juicio por el llamado caso Pujol, en el que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, había solicitado el sobreseimiento del procedimiento, que comenzó en el Juzgado Central de Instrucción número 1 y luego pasó al 5, para unirlo al que afecta a toda la familia, pero no se llegó a hacer.

Para rechazar la pretensión de Oleguer Pujol y otros de los imputados, el juez ha hecho suyo un informe de Anticorrupción en el que se explica que entre 1992 y 2000 se ingresaron 116 millones de pesetas (697.174) en su cuenta en Andbanc. Entre 1992 y 1999 en ella se recibieron al menos 10 transferencias de cuentas de su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, al que sus padres, el expresidente de la Generalitat y su esposa, Marta Ferrusola, encargaron gestionar el patrimonio familiar, según afirma el juez en el caso Pujol.

Desde allí, afirma Anticorrupción, salieron distintas aportaciones al fondo Drago Real Estate Partners e inversiones en Panamá. La cuenta se cerró en 2010 con una disposición en efectivo de 100.000 euros, otra de 73.000 libras y una transferencia a una cuenta de Andorra de 800.000 dólares.

Proyecto Brick

Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa recuerdan varios informes policiales de 2015 en los que se describió el recorrido que hicieron las comisiones derivadas del llamado Proyecto Brick, por el que se procedió a la compraventa de decenas de sucursales del Banco Santander, a través de varios contratos cruzados y acuerdos verbales entre distintas sociedades (Sun Capital Partners, ARD Choille e Aegle International).

Según Anticorrupción, parte del dinero acabó en las Islas Vírgenes y en Guernesey y los pagos por la compraventa de inmuebles se camuflaron a través de contratos firmados con ARD Choille y Marway, controlada la empresa de servicios de planificación fiscal con sede en La Haya ITPS Group. En una agenda intervenida a Oleguer Pujol en su domicilio aparecen instrucciones relacionados con esta entidad, así como los honorarios del también imputado Jacob Broers por sus servicios.