Afectados del volcán Tajogaite piden amparo al Constitucional

Creen vulnerados sus derechos por la negativa de abrir diligencias para esclarecer por qué no se evacuó con tiempo a la población

Imagen del inicio de la erupción.

Imagen del inicio de la erupción. / ED

El Día

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La Asociación Tierra Bonita anuncia su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por lo que considera vulneración de derechos fundamentales ante la negativa de la Justicia en Canarias de abrir una investigación que dirima las posibles responsabilidades penales en la decisión de no evacuar a la población antes de la erupción del volcán Tajogaite.

Este colectivo ciudadano lamenta que ni un Juzgado de Los Llanos ni una Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hayan permitido, cuanto menos, abrir diligencias para investigar la gestión de esta emergencia. Aluden a que «pese a los numerosos indicios aportados de que la erupción era inminente y que se conocía la zona con mayor riesgo, las autoridades de entonces decidieron no llevar a cabo la evacuación preventiva general de personas y animales ni siquiera cuando la probabilidad de erupción ya era muy alta».

Se refieren también a que «con esta inexplicable decisión los habitantes de la zona estuvieron expuestos a un riesgo para sus vidas y finalmente tuvieron que huir de forma caótica del volcán», lo que dicen aumentó los daños económicos de muchas familias al no poderse llevar enseres, ni objetos personales ni animales; a lo que habría que añadir el daño psicológico de verse en esa situación desesperada, ante esta reprochable conducta de las autoridades en el momento clave desde la perspectiva de la protección civil.

No solo esta asociación siente indefensión de los tribunales canarios sino también la casi veintena de afectados que se adhirió con sus denuncias a esta querella.

Con la elevación de este recurso al Tribunal Constitucional, Tierra Bonita pretende llegar hasta el final con su querella, al tiempo que deja claro que no solo agotará todas las vías legales en España, sino quesi fuese necesario, acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

En su querella, esta asociación incluye declaraciones públicas de miembros del comité científico, así como de científicos de cinco de las instituciones que lo conformaban, quienes sostuvieron que sí se había advertido de que este fenómeno geológico era «inminente» y denuncian que «algunos científicos protagonizaron sospechosos cambios de versión en esas declaracionesante la polémica que suscitaban sus palabras iniciales entre la población afectada».