Todo serán facilidades y los impedimentos legales y trámites burocráticos no regirán en la reconstrucción de La Palma para ayudar a los damnificados. La respuesta tendrá «más corazón que cabeza». El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, afirmó ayer en el pleno del Parlamento de Canarias que, en este caso, priman los seres humanos a las leyes y no habrá límites en documentos, reglamentos ni legislación para «una solución humana», sólo el impedimento que imponga la naturaleza y lo que técnica y constructivamente sea imposible.
En su intervención ante la Cámara regional, subrayó que en este episodio volcánico, tan dramático para los palmeros, nadie le puede pedir que defienda o justifique que los espacios invadidos por la lava son protegidos porque si alguien le enseña «un documento legal que sustente esa afirmación lo cambiaremos, el cuerpo normativo no ha sido pensado para una erupción volcánica». Ni las leyes del suelo ni medioambientales fueron concebidas para una erupción volcánica, recalcó.
Valbuena lanzó un mensaje claro a los propietarios. «Para este Gobierno y seguro que para este Parlamento, los propietarios siguen siendo los propietarios que eran antes, no puede haber ningún tipo de cambio, prevalecerán las soluciones humanas, lo importante son las personas y lo último los ecosistemas o el medio ambiente, no puede haber ninguna duda». No obstante, observó que hay propietarios que no desean quedarse en esa zona y a los que también se les va a buscar una solución. Ahora mismo, con el volcán activo, todo está en estado embrionario pero ya empiezan a pergeñar medidas para reconstruir el daño que se está produciendo. «Hay que intentar evitar al máximo los desarraigos y la deslocalización. Vamos a poner todos los esfuerzos, nunca nos hemos enfrentado a este ejercicio porque es la primera erupción en una zona de consolidación urbana, pero las personas van a ser prioritarias en la reconstrucción», destacó.
Valbuena recordó que hay personas que tienen hipotecas sobre sus casas y, en ese sentido, consideró que aunque hay bancos que se han ofrecido a eximir el pago de los intereses, esas soluciones «no están a la altura de la sociedad canaria». «Creo que hay que pedirles más a los bancos, no les he visto un gesto de compromiso real», denunció.
El consejero admitió que el daño es en gran parte irreparable, porque una erupción es una catástrofe natural en la que la naturaleza hace «borrón y cuenta nueva», y un malpaís puede tardar 3.000 años en volver a ser colonizado por suelos y plantas y, por ello, lo principal ahora son las personas. Desde el punto de vista medioambiental, comentó que por ahora, la calidad del aire y el agua de la isla no está afectada ni genera daños a la salud aunque la previsión es que la red de riego del valle de Aridane quede inoperativa, por lo que se van a instalar depuradoras en los próximos días.
La Consejería está recabando la información sobre las propiedades afectadas y la afección en los regadíos. También se monitoriza permanentemente la calidad del agua y del aire y por ahora no ha habido ningún parámetro perjudicial para la salud, afirmó.
Para conocer la situación de La Palma hoy se traslada el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que, acompañado por el presidente del Gobierno Ángel Víctor Torres, visitan las instalaciones del Puesto de Mando Avanzado.
Vuelve el presidente
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que volverá a acudir a La Palma después de que la colada de lava del volcán de Cumbre Vieja alcanzara el mar. Así lo confirmó el jefe del Ejecutivo a preguntas de los periodistas en el pasillo del Congreso a su salida del pleno del control al Gobierno. Recordó que el Consejo de Ministros del martes aprobó la primera fase de reconstrucción para la Isla.
Además, hubo una Comisión Mixta entre el Ejecutivo central y el canario, con presencia también del Cabildo de La Palma, para coordinar acciones. «Vamos a empezar a trabajar las tres administraciones para aprobar un decreto con muchas más ayudas para los vecinos de La Palma», señaló Sánchez. El Consejo de Ministros del martes aprobó la declaración de La Palma como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, antes conocida como zona catastrófica. Esta es la fórmula que ampara las ayudas de 10,5 millones de euros concedidas por el Gobierno para atender la emergencia, de los que 5,5 millones se destinan a la adquisición de 107 viviendas, y los cinco millones restantes a enseres.
