Los vecinos de los núcleos costeros de El Faro y Puntalarga, en el municipio de Fuencaliente, conscientes de la dificultad de salvar el medio centenar de casetas sobre las que Costas ha dictado su desalojo, piden la intervención política de los representantes insulares para evitar que sean derribadas.

Confirman que desde un primer momento han acudido a los distintos representantes públicos para que sea a través de un acuerdo político como se pueda poner freno a esta decisión que ya en el año 2007 provocó, en una primera intervención de Costas, el derribo de una decena de casetas.

Ahora, otras 50 están afectadas por el deslinde marítimo terrestre y esta orden de desalojo que, en estos días, vía carta certificada, le está llegando a todos y cada uno de los vecinos de estos dos núcleos costeros de Fuencaliente.

Uno de ellos, el presidente de la asociación de vecinos de Puntalarga, Nicol Martín, señala que creían que este tema, «después de tantos años, no iba a suceder», haciendo una reflexión dirigida a los políticos, a quienes reclama que «si se pueden llegar a otro tipo de acuerdos en otros asuntos, también se puede llegar a un entendimiento para que no derriben estas casetas». Martín señala que consideran que se puede solucionar los derribos «si todas las fuerzas políticas se unen», lo que permitiría que «este entorno tan peculiar, al que llegan los turistas y encuentran algo distinto, pueda sobrevivir», dijo.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de El Faro, Javier Lorenzo, confirma que la carta recibida por Costas está en manos de abogados y, aunque «es verdad que tenemos la sentencia firme de derribo», confirmó, «estas leyes las ponen en Madrid y no saben cómo los canarios nos relacionamos con el mar».

Javier Lorenzo tiene claro que es un asunto que pueden arreglar los políticos, confiando en que la reunión con el delegado del gobierno, el también palmero Anselmo Pestana, pueda servir para frenar la ejecución de desalojo emitida por Costas.

Pero quizás uno de los vecinos más perjudicados por estos desalojos es Luis Guzmán, que perdería su vivienda única, en la que vive desde hace diez años, pero que también afirma perder «la salud» de su hija, afectada por una enfermedad rara aún sin diagnostica, y a la que el ambiente marino de la costa le ayuda a sobrellevar sus dolencias. Guzmán señala que gracias a estar al lado del mar ha mejorado su salud, pero lamenta que «ahora no sabemos lo que hacer» y, cuestionándose sobre cuál será su futuro, desconoce dónde podrá realojar a su familia.