El área de Acción Social del Cabildo de La Palma acumula más de 1.250 expedientes de personas que están a la espera para que se les evalúe el grado de discapacidad sin que hayan tenido una respuesta a sus peticiones.

Aunque las competencias son del Gobierno de Canarias, anualmente se establece un convenio con la Institución palmera para su desarrollo, que expiró el 31 de mayo de 2020 sin que se renovara hasta el 28 de diciembre, para concluir su validez tan sólo dos días después, el último día del año.

De esa manera, actualmente no existe acuerdo entre ambas instituciones para la realización de esas evaluaciones de discapacidad a todas las personas que llevan prácticamente un año esperando por la misma y poder definir su situación laboral, de cuidados o recibir una prestación.

Cabildo y Gobierno de Canarias ejecutan desde el año 2012 esta fórmula que permite al personal palmero la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, a través de un equipo de valoración y orientación (EVO) en La Palma.

Con la posibilidad de realizar todas estas gestiones en la Isla se evita desplazamientos innecesarios a Tenerife y permite reducir los tiempos para obtener el reconocimiento de discapacidad correspondiente en cada caso, pero tras la paralización del estado de alarma y la finalización del acuerdo que aún no se ha renovado, se perjudica a uno de los colectivos más vulnerables de la población.

La responsable insular del área de Acción Social, Nieves Hernández, insiste en la necesidad de solventar esta situación, al entender que las bases del convenio son las mismas y sólo falta dotarlo de la partida económica correspondiente.

La consejera palmera pone de relieve que en 2019 en La Palma se resolvieron “unos 700 expedientes”, mientras se acumulan 1.250 desde la finalización del anterior convenio.

Por su parte, desde Coalición Canaria en la oposición del Cabildo insular, su portavoz Ángeles Fernández, reclamó la puesta en marcha de estas evaluaciones de discapacidad, paralizadas desde hace casi un año, ya que “esta valoración es necesaria para la determinación oficial del grado de discapacidad, que permite que estas personas puedan acceder a las ayudas a las que tienen derecho”.

Igualmente, la nacionalista lamentó que ambas instituciones hayan sido “incapaces” de resolver la situación, denunciando que “lo que está pasando es lamentable y no cabe mayor grado de dejadez”.