Un fondo de inversión con sede en Irlanda, denominado Alguer, mantiene el dominio de la concesión del parking, y se niega en rotundo a reconocer los derechos de los particulares que en su día adquirieron en contrato privado unas 200 plazas de aparcamiento a la promotora del subterráneo, la sociedad de capital palmero Fuente Olén.
La instalación en su totalidad es en realidad propiedad del Ayuntamiento, que cedió la concesión de los aparcamientos durante 75 años a la entidad promotora y constructora en un lugar estratégico de la ciudad. Fuente Olén hipotecó sus derechos, pero no fue capaz de hacer frente a los pagos con la entidad bancaria prestataria, que al final acabó vendiendo la deuda con una quita notable a lo que se conoce por un fondo buitre, que se dedica básicamente a comprar activos con el menor precio posible y que en el momento de la venta, en un periodo a corto o medio plazo, los traspasa a otros inversores para conseguir altas rentabilidades.
La hipoteca se escrituró sobre la concesión que afecta a la totalidad de la finca, aunque el promotor vendió a terceros, con documentación de por medio en una operación de buena fe, cuando necesitó liquidez para mantener el proyecto. Alguer nunca ha tenido la idea de explotar directamente los aparcamientos. Ni antes ni ahora. El propio fondo de inversión evitó esta misma semana, en concreto el pasado viernes, exponer ante el juez que debe dirimir los derechos de los particulares adquirentes, los entresijos de la negociación con la que se hizo con el dominio del subterráneo. En su lugar, intervino por vídeo conferencia la representación legal de una segunda empresa, Hipoges Iberia SL, que se encarga de la gestión de activos de Alguer en el territorio nacional, en un entramado bastante habitual en este tipo de actividades que invitan a la especulación cuando el bien se compra en una estrategia dirigida exclusivamente a la reventa.
Plazas a 18.000 euros
El objetivo de los propietarios, que compraron las plazas por diferentes cantidades (alcanzaron los 18.000 euros) y que ahora temen la pérdida de la totalidad de la inversión, es que el fondo buitre reconozca judicialmente que cuando cerró la operación era consciente de la situación en la que se encontraba el subterráneo, con una multipropiedad sobre las plazas, una situación que hasta ahora siempre se ha negado por parte de Alguer. Los representantes de Hipoges Iberia SL afirmaron ante el juez que desconocían con exactitud las cifras de la compra-venta, un información también importante para los juristas de los particulares. El dato se esconde dentro de 1.500 diferentes operaciones en más de 500 procedimientos de la misma red.
La idea del fondo de inversión con sede en Irlanda es ejecutar en el menor tiempo posible la deuda hipotecaria que adquirió, incluyendo las plazas particulares, para posteriormente poner a la venta el subterráneo en su conjunto al mejor postor o, para ser más exactos, la concesión municipal, lo que no podrá llevar a efecto hasta que al menos el juez que lleva el caso resuelva este litigio, sin descartar recursos a otras instancias.
En todo este procedimiento puede sorprender la actitud pasiva por la que ha optado el propietario del subterráneo, que no es otro que el Ayuntamiento. A propósito, letrados ligados directamente al caso entienden que la Corporación capitalina "ha podido y puede en cualquier momento actuar con el objetivo de recuperar la concesión y defender un bien público", sobre todo si se tiene en cuenta "los incumplimientos claros y manifiestos que han existido de las cláusulas del contrato firmado en su momento". Es cierto que podría existir un coste para las arcas municipales en esta operación, "pero siempre sería mucho menor a los perjuicios que afectan a la ciudad y a vecinos concretos", sentencian.
El parking, que es a la postre la valoración que en diferentes ocasiones se ha difundido desde la Administración municipal, por lo que se presta un servicio a los ciudadanos. Otra cosa es que tras una supuesta ejecución hipotecaria se decidiera cerrar, lo que sí obligaría a la intervención del Ayuntamiento.
Operando bajo mínimos
Sin embargo, no es menos cierto que la instalación está operando bajo mínimo, a pesar de que el principal handicap al que se enfrenta Santa Cruz de La Palma es precisamente la falta de estacionamientos. Necesita de una inversión costosa en iluminación, accesibilidad, estética... y seguramente de una reducción de plazas para que las que se oferten al público en general sean más atractivas, con mayor espacio, para los potenciales usuarios. Fuente Olén es consciente del procedimiento judicial que esta en marcha, por lo que tampoco financiará ningún tipo de mejora.
