Los dueños de casas 'okupadas' de La Laguna tendrán una bonificación del IBI

Los propietarios de viviendas okupadas de La Laguna verán reducido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así lo recoge un acuerdo aprobado por el Pleno en su última sesión. Fue a través de una moción presentada por el líder del Partido Popular (PP) en el municipio, Juan Antonio Molina, y que recibió una enmienda del grupo de gobierno (PSOE-CC). La acción finalmente salió adelante con los votos de todo el arco plenario, salvo de Vox.

«Iniciar el estudio y la tramitación de la modificación de la ordenanza fiscal para la exención o bonificación parcial, en el máximo legal permitido, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en aquellos casos en los que se hallen ocupados ilegalmente, de acuerdo con las condiciones que se establezcan para su conocimiento y hayan sido denunciados fehacientemente, durante el tiempo en que dicha ocupación se prolongue», recoge el punto. «En todo caso, se planteará dicha bonificación excluyendo a los propietarios que tengan la condición de grandes tenedores o asimilables», añade.

El problema de la okupación en el municipio adquirió relevancia durante el pasado mandato ante la aparición de numerosos casos y, en particular, de algunos tan rocambolescos como el de una mujer que vendió una vivienda ubicada entre Bajamar y la Punta del Hidalgo y posteriormente la okupó, lo que se convirtió en noticia de alcance nacional. Preguntadas este martes por el número de inmuebles okupados en el municipio, fuentes oficiales del grupo de gobierno indicaron que están a la espera de un estudio de la Universidad de La Laguna (ULL).

El proponente de la iniciativa apunta que este acuerdo «permitirá que aquellas personas que son desposeídas de su vivienda y que denuncien tales hechos en vía judicial o policial sean beneficiarios de esta bonificación, permitiendo reducir el impacto negativo en la economía familiar de quienes encuentran sus casas ocupadas».

Además, el representante conservador celebró sobre la medida «la amplia mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Pleno que han accedido a apoyar esta propuesta en la pasada sesión plenaria y que podamos iniciar un camino novedoso y pionero en nuestras islas para dotar de mayor seguridad jurídica a las familias que disponen una vivienda con la intención de incorporarla o mantenerla en alquiler».

Molina sostuvo que «la mejor manera de fomentar el crecimiento de oferta de nueva vivienda disponible para el alquiler es dotar de confianza en el sistema y seguridad jurídica para los propietarios», a lo que añadió que «provocará mayor disponibilidad para alquileres de larga duración y, con ello, la reducción de la tendencia inflacionaria de los alquileres».

El concejal popular afirmó que «los poderes públicos tienen como objetivo fundamental en el ámbito de la vivienda generar las condiciones necesarias para promover el acceso a una vivienda digna; algo que supone medidas positivas y de impulso, en lugar del camino intervencionista que estamos observando desde el Gobierno central».