La cesión de tres cuarteles de La Laguna, en el aire tras casi un lustro del protocolo con Defensa

La cesión de tres cuarteles de La Laguna está en el aire tras casi cinco años de la firma de un protocolo con Defensa. El Partido Popular (PP) llevará al próximo pleno municipal una moción en la que se toca este asunto. El documento cuenta con una batería de 16 acuerdos y uno de ellos plantea «solicitar un informe sobre el uso y las gestiones realizadas sobre los antiguos acuartelamientos militares ubicados en La Laguna, para velar por su buen uso futuro y por el máximo provecho para la ciudadanía lagunera», así como instar al Cabildo de Tenerife «al cumplimiento del protocolo firmado con el Ministerio de Defensa en enero de 2019».

En concreto, los espacios eran los del Cristo, Las Canteras, Ingenieros-La Cuesta y Ofra-Vistabella (en Santa Cruz), y el objetivo era que pasasen a ser de uso civil. El documento fue rubricado por Carlos Alonso, que era en ese momento presidente de la Corporación insular, y la que era ministra de Defensa, Margarita Robles. Durante este tiempo ha habido algunas llamadas al cumplimiento de aquel protocolo, como la que hizo Coalición Canaria (CC) antes de las últimas elecciones locales.

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Laguna indicó que han presentado para el próximo pleno «una propuesta urgente para reactivar la posición del Consistorio frente a una reactivación de la crisis migratoria», y afirmó: «Aspiramos a un amplio consenso de las fuerzas políticas para exigir al Gobierno estatal que se dote de los medios necesarios para afrontar una nueva reapertura de ambos cuarteles en Las Canteras y Las Raíces, respectivamente, para el acogimiento de migrantes que llegan a Canarias».

El portavoz municipal de los populares, Juan Antonio Molina, asevera que «han pasado tres años y el Gobierno estatal vuelve a incurrir en los mismos errores, sin previsión y sin dotar de los medios necesarios tanto para garantizar los derechos que asisten a los migrantes, como para garantizar la convivencia ciudadana y las infraestructuras necesarias para una crisis migratoria que ya sitúa el año 2023 entre los que más llegadas se han producido en la historia», y añadió que “debemos rechazar frontalmente el uso de macrocentros en los que no se dispone de los recursos necesarios para la atención de los requerimientos propios para la garantía de los derechos fundamentales».

«El Gobierno estatal prometió que se trataba de una cuestión coyuntural y temporal que acontecía durante el año 2020 y lo cierto es que tres años más tarde nada ha cambiado y las promesas se han esfumado», expresó el concejal del Partido Popular. Y agregó: «Seguimos sin una política migratoria a la altura de las necesidades que implica este fenómeno en las Islas y necesitamos inversión decidida y suficiente por parte del Estado y la Unión Europea». El objetivo es que todas las fuerzas políticas firmen la propuesta para poder alcanzar en el pleno un acuerdo unánime.