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Santiago Pérez cuestiona al secretario del pleno en el caso de la vivienda del alcalde

El director de la Gerencia de Urbanismo asegura que mantiene el expediente aparcado v El concejal defiende el criterio de priorizar la gestión en materia de disciplina urbanística

Santiago Pérez, director de la Gerencia de Urbanismo y concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna, ayer. E. D.

El director de la Gerencia de Urbanismo y concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna, Santiago Pérez, cuestionó al secretario general del pleno, Octavio Fernández, cuando exige la apertura de un expediente sancionador al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, por unas obras ilegales e ilegalizables en su casa, en base a que la norma no contempla priorizar la aplicación de la potestad sancionadora en las denuncias por infracciones urbanísticas.

El concejal discrepa de este criterio y le hizo saber formalmente a uno de los funcionarios de mayor rango de la Corporación que la Instrucción para establecer un orden de prioridades es una norma interna, elaborada a propuesta de los funcionarios, «para establecer prioridades en materia de disciplina urbanística». Cuestionó que el secretario del pleno «no requirió a la Gerencia» para conocer este instrumento y fue insistente en destacar que «ni un solo precepto de la instrucción dice que no se abran los expediente sancionatorios. Dice que en materia de disciplina urbanística y en materia sancionadora se ordenen los asuntos en función de su gravedad».

Santiago Pérez coincidió con Octavio Fernández en que, contrariamente a lo solicitado por Coalición Canaria, «no se puede pedir un acuerdo plenario que se refiera solo a dos ciudadanos –Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, y Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias–, porque esas infracciones no las han cometido en el ejercicio de su cargo público». Advirtió de que la propuesta de CC al pedir un pleno extraordinario para ello «es contraria al ordenamiento jurídico, al artículo 14 de la Constitución», y avisó de que quien la respalde debe atenerse a «las consecuencias jurídicas». Pérez defendió que CC pide «que a quienes han cometido infracciones urbanísticas se les exija que legalicen o demuelan y, además, se les imponga una multa. Estamos hablando de más de 2.000 ciudadanos de la Laguna».

Urbanismo anunció a principios de mes que había congelado el expediente sancionador al alcalde por la actuación en su vivienda. El área del Ayuntamiento justifica en un informe que no ha abierto el procedimiento sancionador por falta de personal, al considerarlo «no prioritario». Es la consecuencia del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística abierto por la Gerencia a la casa de Luis Yeray Gutiérrez en febrero. Los técnicos concluyeron entonces, tras una inspección, que el alcalde y su pareja, Yaiza López, construyeron un cerramiento de balcón en su casa «sin licencia o título habilitante». La Gerencia dio por acreditado que la actuación es «ilegal e ilegalizable».

Luis Yeray terminó de demoler esta semana el cerramiento de balcón en unas obras, solo pendientes de remate, que asegura comenzaron en agosto, en cumplimiento de los plazos establecidos por Urbanismo para restablecer la legalidad.

Santiago Pérez aclaró ayer que la Gerencia de Urbanismo no ha abierto expediente sancionador al alcalde por dicha obra y aclaró que los trabajos para restablecer la legalidad «se realizan a medida que se adoptan las resoluciones. No intervengo ni en la apertura ni en la resolución de los expedientes».

Datos favorables

El director de la Gerencia de Urbanismo puso en valor el trabajo en materia de disciplina urbanística aportando datos. En materia de restablecimiento, de los 175 expedientes gestionados en el mandato anterior se pasa a 230 en el actual, del que falta ocho meses; ahora se tramitan en un tiempo medio de 260 días frente a los 489 del periodo anterior. En materia de conservación, de los 154 tramitados en el periodo 2015-2019 se llega a 245 en el actual, con 283 días de periodo de tramitación ahora frente a 613. La Laguna concedió en el último año 600 licencias urbanísticas (Santa Cruz, 400) que gestiona en 40 días.

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