Histórico quiebre de la democracia

Un Chile tan polarizado como en 1973 conmemora el 50 aniversario del golpe de Pinochet

"Nunca vamos a crecer ni desarrollarnos como país ni en lo económico ni en lo social si no tenemos temas tan básicos resueltos como en que no pueden volver a ocurrir que se ejecute, se torture, se mate y se haga desaparecer a ciudadanos"

Manifestación por el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile.

Manifestación por el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. / Adriana Thomasa / EFE

Abel Gilbert

Como si tratara de una serpiente que se muerde la cola, Chile llega este lunes al cincuentenario del brutal golpe de Estado con niveles de polarización que parecen remitir a aquel fatídico 11 de setiembre de 1973. "¿Cómo nos reconciliamos? Con justicia, con verdad, buscando a los desaparecidos, condenando explícitamente lo que sucedió", dijo en la noche del domingo el presidente Gabriel Boric. "Siempre es sano revisitar el pasado, pero no caer en el confundir víctimas con victimarios, porque acá no hubo una guerra; hubo una masacre".

Si el estallido social a fines de 2019 parecía anunciar la despedida definitiva de la agenda neoliberal, el giro político a la derecha que comenzó a experimentarse a partir de la derrota en las urnas de una Carta Magna de corte progresista, en septiembre de 2022, reafirmado en la victoria de los ultraconservadores en elección de constituyentes de mayo pasado, colorea la mirada de muchos ciudadanos de aquella tragedia.

En mayo, una encuesta de la consultora Mori informaba que el 36% de los entrevistados creían que los militares habían tenido razón en derrocar a Salvador Allende. A comienzos de mes, la firma volvió a auscultar a la sociedad. Apenas un 47,5% de los chilenos estimó que el general Augusto Pinochet (1973-1990) fue un dictador. Un sondeo de Pulso Ciudadano previo a la conmemoración dio cuenta de que casi un 40% de los chilenos responsabiliza de lo ocurrido al presidente depuesto violentamente.

"Siento que hay un retroceso", reconoció azorada Michelle Bachelet. Treinta años atrás había mayores consensos, según la expresidenta. En este contexto, no exento de polémicas y afanes revisionistas, el presidente Gabriel Boric, firmó el decreto que dio inicio al Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia en relación con 1.162 desaparecidos. Los esfuerzos del Gobierno de izquierdas de reunir a toda la comunidad política alrededor de un "nunca más" a situaciones como las de aquel 11/9 no llegaron a buen puerto.

"Al cumplirse 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas, chilenas y de otros países, queremos, más allá de nuestras legítimas diferencias, comprometemos en conjunto a comprometernos a cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho". Esta afirmación pertenece al documento suscrito por Boric y cuatro de sus antecesores en el Palacio de La Moneda, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

El gesto del magnate Piñera no fue acompañado por las fuerzas de derecha que lo sostuvieron en el poder entre 2018 y 2022. La coalición Chile Vamos -Renovación Nacional (RN), Unión Democrática Independiente (UDI) y Evópoli- emitió un documento propio en el que no se menciona la palabra "golpe". Esos partidos prefirieron hablar de "la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente" a la "convivencia.

Falta de acuerdos básicos

Las ceremonias recordatorias de este lunes están por lo tanto atravesadas por estas líneas divisorias, algo que ha sido lamentado por María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria. "Nunca vamos a crecer ni desarrollarnos como país ni en lo económico ni en lo social si no tenemos temas tan básicos resueltos como estar de acuerdo en que no pueden volver a ocurrir que se ejecute, se torture, se mate y se haga desaparecer a ciudadanos". El propio museo acompañó ese malestar con datos del Observatorio de la Defensoría de la Niñez: 150 menores fueron identificados como víctimas de ejecución en el periodo de la dictadura, mientras otros 40 resultaron víctimas de desaparición forzada. Pero, además, 956 niños, niñas y adolescentes sufrieron prisión política y torturas, y otros 102 estuvieron en prisión política acompañados de una adulta o adulto.

Los posicionamientos políticos son más fuertes que cualquier número. El académico Sebastián Rumie observa un debate entre las diversas facciones de la derecha, articulado a partir de tres aproximaciones al 11/9 y sus consecuencias: "negacionista, relativista y revisionista". La primera postura niega deliberadamente hechos probados "con el fin de ajustar la realidad a un relato". La segunda no niega lo ocurrido, pero lo relativiza "conforme a un contexto histórico que lo justificaría": Allende y el "peligro marxista". Mientras que la tercera postura no niega ni relativiza los hechos. Los revisa con el fin de crear nuevas interpretaciones. No es la corriente mayoritaria de ese espacio.

El gesto de un exjefe del Ejército

Mientras la derecha y la ultraderecha miden cada intervención a los efectos de no quedar como furgón de cola del Gobierno, un exjefe del Ejército, el general retirado Ricardo Martínez Menanteau, se erige en este momento como una voz contundente de condena al horror pasado. En su libro Un Ejército de todos sostiene que la desaparición de personas constituye "una de las páginas más oscuras en materia de violaciones de los derechos humanos durante ese período y representan una herida abierta en el alma nacional".

La ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, está convencida de que en las estructuras castrenses se verifica un corte respecto al pasado. "Los hombres y mujeres que hoy en día son oficiales, suboficiales, son la generación de la vuelta de la democracia. Hoy en día no tenemos oficiales activos que tuvieron un rol para el Golpe, que eran oficiales ya para el golpe".

La discusión sobre la economía

Un 39% de las personas encuestadas por la consultora Mori consideraron no obstante que Pinochet pasará a la historia como "el hombre que impulsó y modernizó la economía chilena". Para Ignacio Silva Neira, del Observatorio de Políticas Económicas (OPES), se trata de una falacia que ha vuelto a ser exhumada por los defensores del régimen militar. Neira se apoya en datos contundentes del Banco Mundial. En 1973, el PIB per cápita de Chile era equivalente al 24,2% del PIB per cápita de Estados Unidos. En 1989, el último año de Pinochet, este valor había retrocedido a un 9,9%. El dictador "entregó una economía que crecía más lento que el resto de los países de ingresos altos y que la región de América Latina". Otro economista, Guillermo Larraín, asegura, en la misma dirección, que el verdadero motor detrás del "boom chileno" no fue la dictadura sino la instauración de un régimen de Estado de Derecho, en 1990.

Tiempos de revancha

Las querellas académicas o en la élite política, a veces seguidas con indiferencia por parte de la población, van en paralelo a una ofensiva de los sectores más duros de la derecha que no solo exaltan a los militares del 73. Lo que también aparece como discusión y ajuste de cuentas es el estallido de 2019. En redes sociales se ha iniciado una campaña en favor del excapitán Patricio Maturana, quien ha sido condenado a 12 años de prisión por haber dejado ciega con una bomba lacrimógena a la actual senadora Fabiola Campillai. La meta de la campaña –100.000 dólares– fue superada con creces y en tiempo récord.

Ajena a la conmemoración del 11/9, la ultraderecha quiere incorporar a su proyecto constitucional el permiso para que el sector privado pueda recibir el "derecho de propiedad" de calles, plazas, caminos, el mar adyacente y las playas. Ni siquiera la Carta Magna de Pinochet había llegado tan lejos, y ese parece ser el mejor homenaje al dictador.