El primero en abrir los ojos sobre lo que estaba ocurriendo fue un funcionario de Adr Tel, la empresa que gestiona el sistema informático del aeropuerto Fiumicino de Roma. Era el 1 de abril de 2015, y el hombre lanzó un aviso comunicando un ciberataque en curso. “Hay un problema urgente con las cámaras Hikvision”, escribió, al señalar que, de repente, las 140 cámaras instaladas en un área de tránsito del aeropuerto, de fabricación china, parecían haber enloquecido y, sin parar, intentaban conectarse a un IP externo desconocido. Este es el enésimo caso, revelado en estos días por el programa 'Report' del canal tres de la RAI (la radiotelevisión pública italiana), que ha puesto en tela de juicio el uso de aparatos de vigilancia desarrollados por Pekín.
Italia empezó a usar masivamente tecnologías de vigilancia por vídeo procedentes de China en la última década. Aparatos de esta procedencia fueron instalados en decenas de oficinas de la Administración Pública donde se comparten informaciones potencialmente sensibles, pero también en iglesias, clínicas, hospitales, museos, ministerios, comisarías e incluso, desde 2018, unas 1.000 videocámaras fueron colocadas en las salas de interrogatorios de 134 fiscalías italianas, como reveló la revista Wired a inicios de este año.
Contratos locales con tecnología china
Aparentemente, el potencial riesgo no era fácil de detectar. Lógico, el Estado firmaba contratos con empresas locales, y estas instalaban los aparatos chinos. En muchos casos, se trataba de cámaras de la empresa Hikvision, una de las mayores multinacionales chinas del sector, con sede en Hangzhou, creadora de tecnologías de reconocimiento facial y, desde 2019, incluida en la ‘lista negra’ del Departamento de Comercio de EEUU por presuntas violaciones de derechos humanos. En otro caso, la propia Zhejiang Dahua Technology, otra empresa china hostigada por Washington, informó en septiembre de 2020 —cuando gobernaba Giuseppe Conte, el anterior primer ministro italiano— de la instalación de 19 escáneres térmicos con cámaras en Palazzo Chigi, la sede del Gobierno italiano.
Aún así la polémica tardó en estallar. Ocurrió después de que, en septiembre de este año, unos investigadores descubrieron un grave fallo de seguridad en las cámaras Hikvision en todo el mundo. A partir de este momento, la polémica ha crecido, alimentada incluso por las quejas de políticos que integran el Gobierno. Los últimos han sido Enrico Borghi y Filippo Sensi, diputados del Partido Democrático (PD), quienes pidieron al actual Gobierno de Mario Draghi investigar el asunto, a través de una pregunta parlamentaria presentada el pasado 22 de diciembre.
Nueva agencia
“La Hangzhou Hikvision Digital Technology Co está participada mayoritariamente por el Gobierno chino (…) y en Italia opera con éxito, a través de una sucursal, participando en muchísimos procedimientos de licitación de la Administración Pública”, empezaron diciendo los dos parlamentarios. Esta empresa “se apoyaría en sistemas de servicios en la nube, circunstancia que, en ausencia de medidas de ciberseguridad adecuadas, expondría los datos al riesgo de adquisición y análisis remoto, favoreciendo su reprocesamiento y comunicación, también en tiempo real”, continuaron. Por ello, se pide que el Gobierno evalúe si esto “es compatible con los necesarios estándares de seguridad nacional”, concluyeron, al señalar que Hikvision también está bajo escrutinio del Parlamento Europeo.
Las quejas de Borghi -que también es miembro del comité de inteligencia del Parlamento italiano- y Sensi no llegan, además, en un momento cualquiera. A partir de enero, Italia pondrá en marcha a su nueva Agencia para la Ciberseguridad de Italia, cuya tarea será precisamente la de prevenir riesgos en este sector.
