Cuatro organizaciones no gubernamentales venezolanas anunciaron ayer que en breve presentarán un informe con denuncias sobre limitaciones a la libertad de expresión y supuestas agresiones a periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Hemos solicitado una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar los elementos que a nuestro juicio hay que subrayar sobre la situación venezolana y la libertad de expresión", dijo a Efe el director de la asociación civil Espacio Público, Carlos Correa.
La audiencia fue otorgada a las organizaciones Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Espacio Público.
Correa declaró que durante la reunión con los comisionados de la CIDH se planteará "la preocupación" que estas cuatro organizaciones venezolanas tienen con respecto a la posibilidad de que "aumenten las agresiones a los periodistas" en el contexto de este año electoral.
"Una de las cosas que se ha venido presentando es que los periodistas, especialmente los fácilmente reconocibles por salir en la televisión, son víctimas de agresiones", aseguró Correa, y agregó que es del interés de estas organizaciones que esa supuesta violencia sea investigada y castigada "venga de donde venga".
Correa adelantó que las organizaciones aprovecharán para exponer el reciente pronunciamiento de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, sobre la obligatoriedad de los medios de presentar un informe técnico cuando informen sobre la contaminación de las aguas.
El viernes pasado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de "censura" y de "desnaturalización del debate público y del periodismo de investigación" la obligación de que los medios de Venezuela incluyan informes técnicos oficiales al informar sobre contaminación del agua para consumo humano.
El director de Espacio Público señaló que también presentarán el procedimiento administrativo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aplicó al canal privado Globovisión por considerar que este medio hizo apología del delito en el tratamiento periodístico de una crisis carcelaria.