Las concejalas Zaida González (PP) y Asun Frías (Sí se Puede) consideraron ayer que los problemas con Hacienda que están teniendo algunos usuarios de la ayuda a domicilio son consecuencia del "parcheo" que realizó el consistorio de Santa Cruz de Tenerife en julio de 2012, cuando quebró Mararía. Para mantener el servicio de ayuda a domicilio a los dependientes, los trabajadores del IMAS lo tramitaron como si fuera una prestación municipal, de forma que a Hacienda le consta como si los beneficiarios hubieran recibido el dinero (no las horas de limpieza o ayuda al aseo) y, por ese motivo, a alrededor de ocho personas les está reclamando dinero. "Es la cara B del problema", explicó González, que considera que es el consistorio y no Hacienda quien tiene responsabilidad en este asunto. "Es otra consecuencia más de la mala gestión de Mararía, de la que el ayuntamiento también fue responsable por no fiscalizar adecuadamente un servicio público privatizado", dijo Frías. González, por su parte, recordó que Hacienda tiene cuatro años para reclamar y que puede haber más afectados. La concejal del IMAS, Alicia Álvarez, consideró que, en el peor de los casos, solo estarían afectados los que copagan el servicio, 41 personas.
