La esperada contrademanda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contra la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), de Antonio Plasencia e Ignacio González, supera bastante los 56 millones de euros apuntados hasta ahora por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y se eleva hasta los 74,596, que el consistorio calcula que le corresponde como consecuencia de la anulación del contrato de compraventa firmado en su momento.

Como informamos ayer, uno de los abogados del ayuntamiento presentó en la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de la capital el anunciado escrito de demanda contra ILT y de contestación a la presentada por esta empresa para reclamar, precisamente a la corporación local, un total de 116 millones por el supuesto lucro cesante por no poder urbanizar junto a la playa.

La contrademanda municipal ha sido redactada y preparada por los Servicios Jurídicos y Técnicos del propio ayuntamiento.

Esos 74 millones salen, en buena parte, de la reclamación de los 52,588 que abonó el ayuntamiento a ILT como precio de la compraventa del llamado Frente de Playa y así se acordó en el pacto de gobierno municipal. Además, el ayuntamiento se opone a las pretensiones de dicha compañía de reclamar los 52 millones de euros de la compra, así como una cantidad adicional de 63,407 millones de euros porque, en opinión de los promotores y sus abogados, esa suma supone el valor que tenían los terrenos que vendió al consistorio.

Sin embargo, el gobierno local no solo considera "infundada dicha exigencia", si no que sostiene que "en ningún caso, la restitución de lo que se entregaron las partes de la compraventa anulada arrojaría un saldo favorable a ILT, sino, en todo caso, al ayuntamiento".

De hecho, y según los técnicos municipales, "en el supuesto más favorable para los vendedores, resultaría un saldo a favor de la corporación local de 66,422 millones euros. Para llegar a esta cifra -aclara una nota oficial del gobierno-, el ayuntamiento razona y calcula, por un lado, las afecciones y reducciones producidas en los terrenos por el deslinde marítimo terrestre y, por otro, lo que significó para ILT la recalificación de los terrenos del llamado Sector B de Las Teresitas, que ILT vendió a la compañía Desurcic por 46 millones de euros". Asimismo, y según se matiza, "se tiene también en cuenta la incidencia en la ordenación de los terrenos de las decisiones urbanísticas tomadas por el Parlamento de Canarias y las administraciones públicas".

En su contrademanda, el Consistorio capitalino hace constar expresamente "que las complicaciones causadas por el deslinde marítimo terrestre en el curso de la ejecución de ciertas obras y proyectos municipales han originado y continúan originando daños a la corporación, que podría reclamar y que se reserva expresamente a hacerlo más adelante".

La reclamación del ayuntamiento se dirige también personalmente contra los socios de ILT, "ya que los servicios municipales consideran que esa sociedad, que no ha tenido ninguna otra actividad que la compra primero y la reventa después de los terrenos de Las Teresitas, es, en realidad, una vestidura jurídica artificiosa, que no impide la exigencia de responsabilidades personales a quienes son sus únicos socios y administradores".