El representante del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA) en la residencia de pensionistas, Carlos Francisco, considera que la sentencia que obliga al Cabildo de La Palma a dar una comida al día al centenar de funcionarios y laborales que desempeñan su labor en este centro de mayores, tal y como EL DÍA informó en su edición del pasado domingo, "no es un privilegio sino un derecho que estaba reconocido en convenio".
Carlos Francisco se pregunta "por qué tenemos que renunciar a un derecho que estaba desde siempre en convenio hasta que se decidió de forma arbitraria su retirada" por parte del anterior equipo de gobierno, advirtiendo de que "tratamos de negociar por todos los medios para llegar a un acuerdo, siempre por la vía del diálogo, pero al final tuvimos que recurrir a la justicia". En este sentido, deja claro que recibir el almuerzo o la cena, dependiendo del turno de los trabajadores que soliciten alimentación, "era un derecho que tenía la totalidad de los trabajadores de la residencia, aunque al final no era utilizado por todos".
Al ser cuestionado por la conveniencia de exigir una comida gratuita, pagada con fondos públicos, en tiempos de grave crisis económica y con lo ajustado del presupuesto actual de la residencia, el representante del SEPCA, sindicato que prácticamente en solitario se encargó de defender este "derecho" de los trabajadores, manifestó que "no es un litigio que se haya presentado en estos momentos de crisis. Ya llevamos años (principios de la pasada legislatura) con este asunto, pero es ahora cuando salió la sentencia, que todavía no es firme porque el Cabildo de La Palma puede recurrirla".
De todas formas, Carlos Francisco hizo especial hincapié en que "seguimos estando abiertos al diálogo", entendiendo que "ahora hay que esperar que la sentencia sea firme y luego comprobar cómo el Cabildo afronta la nueva situación. Por nuestra parte, repito, estamos dispuestos a negociar".
El sindicalista, que lleva 23 años en la residencia de mayores ubicada en Santa Cruz de La Palma, aseguró que todos los trabajadores "están en la misma línea o, al menos, eso es lo que de forma particular me han expresado" a la hora de defender el derecho de recibir de forma gratuita una comida, del menú que se prepara en la cocina del centro para los residentes y que se compra con la "caja única" del Cabildo, a la que también va lo que obtiene de las pensiones de los mayores acogidos. Otra cosa "es que cada uno sea luego libre de utilizar o no ese derecho". De igual forma, indicó que "aquí los sueldos no están por encima de los 2.000 euros, como se ha querido informar (solo se habló de los de mayor rango), sino que la mayoría están entre 1.000 y 1.200".
Por su parte, fuentes del grupo de gobierno mantuvieron la decisión de no valorar la sentencia hasta conocerla en profundidad y ver de qué manera influye en el presupuesto de la residencia, cuyos gastos en 2011 alcanzaron los 4,1 millones de euros, aunque de la misma forma reconocieron que si finalmente se tiene que cumplir y hay que dar una comida al personal que lo solicite, podrían privatizarse algunos servicios. Tampoco hubo pronunciamiento sobre la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Supremo.