El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma está recibiendo notificaciones judiciales que obligan al despido de trabajadores que fueron contratados por primera vez gracias a decretos de la Alcaldía, sentencias firmes que han motivado que tres personas perdieran recientemente su puesto de trabajo, aunque las irregularidades detectadas pueden afectar a una veintena.

Los afectados entraron al ayuntamiento a dedo, como un importante número de trabajadores no solo en la capital sino también en otras corporaciones locales, y sus contratos se fueron renovando cada cierto tiempo, dependiendo de cada caso. Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias, tras analizar los decretos de incorporación, se solicitó información adicional a la institución municipal y al comprobar que se habían vulnerado los principios básicos de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad que, según doctrina del Tribunal Constitucional (TC), "solo puede ser exceptuada por muy excepcionales razones objetivas", decidió denunciar los contratos.

El alcalde, Sergio Matos, reconoció a esta redacción que "son sentencias firmes, que no podemos recurrir y que muy a nuestro pesar hemos tenido que cumplir. El primer listado que nos llegó de personas que según la resolución judicial fueron contratadas de forma irregular estaba compuesto por unos quince trabajadores, de los que doce ya no estaban en la plantilla municipal", informando de que "se ha tenido que despedir a dos camioneros y a la telefonista-recepcionista, además de cumplir otras funciones, de la Policía Local, trabajadores que curiosamente son fundamentales para servicios del ayuntamiento". En este sentido, afirmó que "para sustituir a los camioneros hemos tenido que pedir desempleados al Servicio Canario de Empleo porque su labor no podía esperar".

Los tres despedidos no serán los únicos afectados y el alcalde lo sabe: "Nos llegó otro expediente, con más sentencias. La mayoría de la gente que se incluye en esta segunda resolución no está en el ayuntamiento y en otros casos, de personal que sí está en la plantilla municipal, hemos podido seguir recurriendo para evitar al menos por ahora que sean despedidos". Matos desconoce con exactitud el número de decretos de contratación que han podido ser denunciados, pero "podemos hablar de unos 60 o 70, aunque repito que todavía se está estudiando y es solo una cifra aproximada, de los que una veintena están en nómina del ayuntamiento".

El regidor municipal hizo especial hincapié en que "no se trata de ningún expediente de regulación de empleo, como se está comentando en algunos lugares, ni de un proceso iniciado por el ayuntamiento para despedir a trabajadores debido a la crisis económica. Nada más lejos de la realidad. Son resoluciones judiciales que se han ido recurriendo por parte del ayuntamiento todo lo posible, hasta que ya son firmes y hay que cumplirlas", asumiendo que a partir de ahora lo que queda es "elaborar la RPT (relación de puestos de trabajo) y sacar a concurso todas las plazas que estén libres y sean necesarias cubrir para los servicios que presta el ayuntamiento a los ciudadanos, cumpliendo en todo caso con los principios básicos de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad para que todo ciudadano tenga la misma opción de entrar en la administración pública".