Cada vez que alguien apuesta por limitar la estancia en un cargo político, sobre todo si se trata de la presidencia de una institución (estatal, regional, insular o local), se suele recordar que, en EEUU, existe el tope de 8 años, incluso para puestos como el de fiscal, que, además, eligen los ciudadanos. Sin embargo, resulta muy habitual que se olvide cuándo y por qué los estadounidenses implantaron esa norma. Todo se debió a que Franklin Delano Roosevelt, que llegó a la Presidencia en 1932, en plena crisis por el "crack" del 29 y que implantó la política keynesiana de inversión pública -que algunos críticos calificaron casi de socialismo en la cuna del capitalismo-, ganó otras tres elecciones después. Murió durante su cuarto mandato y, para evitar algo parecido, desde entonces se limitaron los cargos a 8 años. En España, por el contrario y al igual que muchos países, no existe esa limitación, si bien se lleva muchos años planteando, debate impulsado, sobre todo, tras la cuarta victoria de Felipe González (en 1993), aunque por mayoría simple, y tras la promesa y cumplimiento de Aznar de que solo estaría 8 años. A escala canaria, ningún presidente ha estado, de momento, más de 6 años (Jerónimo Saavedra, Manuel Hermoso y, en unos meses, Paulino Rivero), mientras que, en los cabildos, el que más lleva (casi 30) es Casimiro Curbelo (La Gomera, PSOE). En los ayuntamientos isleños, sobresale el hecho de que los únicos alcaldes que siguen desde 1983 son de Tenerife. Isaac Valencia (La Orotava, CC), Macario Benítez (El Rosario, PSOE) e Ignacio Rodríguez (La Matanza, PSOE) representan un inmejorable ejemplo de si tanto tiempo resulta perjudicial para el sistema por los vicios que acarrea (clientelismo y falta de transparencia y alternancia) o si se trata del más auténtico y profundo ejercicio de democracia y libertad para el que se presenta y el que le apoya, que es lo que ellos defienden de siempre.
