El Gobierno catalán concretó ayer que la reducción de los sueldos de los empleados públicos afectará a los complementos salariales y las pagas extras, se aplicará solo en 2012 y se hará de forma proporcional, medida que los sindicatos CCOO y UGT ven como "inadmisible" y amenazan con nuevas movilizaciones.

El presidente catalán, Artur Mas, anunció el martes nuevas medidas de ajuste para cumplir en 2012 el límite del déficit del 1,3% del PIB impuesto por la UE, que incluye rebajas salariales de los empleados públicos, incremento de tasas como el canon del agua y las matrículas universitarias y el cobro de recetas médicas.

Estas propuestas del Govern de CiU cosecharon de inmediato las críticas de todos los partidos de la oposición, con la excepción del PPC, y provocaron preocupación social en los diferentes sectores afectados, que se oponen a estos ajustes.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y su portavoz, Francesc Homs, detallaron ayer una de las medidas que más ampollas está levantando: la nueva rebaja salarial de los funcionarios.

Ortega y Homs avanzaron que esta reducción afectará a los complementos salariales como podrían ser los de desplazamiento o disponibilidad, se aplicarán sólo en 2012 y se hará de forma proporcional y no "lineal", es decir, en función del sueldo.

Puesto que estos complementos están computados en las pagas extras de verano y Navidad, éstas podrían verse afectadas en este capítulo en cuestión, precisaron fuentes de Gobernación.

Los sindicatos CCOO y UGT calificaron de "inadmisible" que se pida un nuevo "sacrificio" a este colectivo, después de que hayan visto reducido su sueldo en un 5% en 2010 y su congelación en 2011, y avisaron al ejecutivo catalán que responderán con movilizaciones a toda tentativa de recortes salariales.

Según fuentes sindicales y del Govern, la Generalitat convocó a los sindicatos a la mesa de negociación de la función pública los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre para iniciar la negociación salarial de los funcionarios para 2012.

El resto de las propuestas del Ejecutivo catalán cosechó también una oposición frontal desde diferentes sectores. Así, el pago por recetas de medicamentos, el llamado copago, ya fue rechazado desde el Sindicato Médicos de Cataluña, al entender que supondría un "agravio" para los enfermos crónicos y para las personas en paro.

Este sindicato estima que la propuesta del Ejecutivo catalán podría "vulnerar la ley estatal de garantías y uso racional de los medicamentos" de 2006 y recuerda que las CCAA "no tienen competencia" para imponer tasas sobres los precios de los fármacos, ya que se rompería el principio de igualdad en territorio español.

Nuevas movilizaciones

Tras la jornada de huelga de la semana pasada en las universidades públicas catalanas, la propuesta del Govern de incrementar las matrículas pronostica también nuevas movilizaciones en el ámbito estudiantil. La medida no ha cogido por sorpresa a los miembros de la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (Pudup), que teme que el aumento sea de un 20% el próximo curso, ni a CCOO, que apuntan que algunas propuestas de miembros del Govern abogan incluso por que se pague el precio de coste de los estudios.

Asociaciones de vecinos y municipios se oponen frontalmente a otras de las medidas de ajuste, la subida del canon del agua, que representa del 20 al 30% de la factura que pagan los consumidores.

Pese a las críticas de diferentes sectores, este nuevo paquete de medidas de ajuste cuenta con el aval del presidente de la CEOE, Joan Rosell, así como del presidente de Pimec, Josep González.

Para Rosell, las propuestas son de "sentido común" y recordó que estos recortes ya se aplican en otras comunidades. "Hay que hacer lo que hay que hacer, nos guste o no, porque no hay un plan B", dijo.