Según datos dados a conocer hace más de un año por la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, la economía sumergida mueve en nuestras Islas 11.700 millones de euros y supone el 28% del PIB regional. Esto sitúa a Canarias como la segunda comunidad autónoma por empleo no declarado (la primera es La Rioja). Estas cifras siempre hay que tomarlas con cautela, ya que al tratarse de economía no fiscalizada poco o nada puede saber la Administración acerca de ella. Es decir, estamos hablando de estimaciones. Sea como fuese, señaló en su momento la señora Luengo que para acabar con esta economía sumergida, que es según sus palabras un fraude a la sociedad porque priva a los trabajadores de sus derechos, firmaría un convenio con el Ministerio de Empleo para llevar a cabo más inspecciones en el Archipiélago. No sabemos qué ha sido de este asunto desde entonces.
Viene esto a cuento de que la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) lamenta la decisión del Gobierno de Canarias de legalizar las viviendas de alquiler vacacional ya que, a su juicio, perjudicará la marca turística del archipiélago al incurrir en economía sumergida y amenazar el empleo en el sector. La patronal hotelera considera en un comunicado que el alquiler vacacional no sólo no crea empleo de calidad y legal, sino que perjudica la marca turística del Archipiélago que tanto ha costado construir. Ashotel rechaza la legalización por entender que el alquiler de estas viviendas no crea empleo en el sector turístico, que en muchos casos el que se lleva a cabo se hace en el marco de la economía sumergida y que amenaza los puestos de trabajo legalmente existentes.
Entendemos que estamos ante dos situaciones distintas pese a las similitudes con la economía sumergida que denuncia la patronal hotelera. No podemos estar a favor de las empresas ilegales ni mucho menos del trabajo ilegal. Sin embargo, nos permitimos llamar la atención sobre las circunstancias que hacen proliferar esa enorme economía sumergida que padece Canarias. Un día más denunciamos que estamos sometidos a una excesiva presión fiscal y a una legislación laboral como mínimo obsoleta. Mal que nos pese, la ilegalidad es la única salida de muchas empresas canarias para no cerrar. De la misma forma, el problema social ocasionado por el paro que nos golpea sería mucho peor sin que muchos trabajadores que han perdido su empleo puedan recurrir a los llamados cáncamos: trabajos ocasionales realizados sin contratos, sin cotizaciones a la Seguridad Social y sin ningún tipo de garantías para la persona que los hace.
No estamos -lo reiteramos para que nadie se equivoque y vaya luego acusándonos de esto y lo otro- a favor de las actividades empresariales y profesionales que no pagan impuestos; estamos en contra de los políticos que dicen una cosa en público y otra en privado. Acabar con la economía sumergida sí, pero sin perder de vista que hoy por hoy es la única válvula de escape para decenas de miles de familias canarias. En cuanto a las quejas de Ashotel por la legalización de las viviendas alquiladas para uso vacacional, es comprensible que los hoteleros, como cualquier empresario, quiera preservar su negocio. No obstante, los beneficios del turismo no pueden quedarse solo en los hoteles. Han de llegar al mayor número posible de ciudadanos, máxime teniendo en cuenta el altísimo paro que registra Canarias, pese a contar con una notable afluencia de visitantes. Si esa actividad complementaria se realiza dentro de la ley y está debidamente fiscalizada, amén.
Deberían centrarse las demandas tanto de los empresarios turísticos como las de todos los demás en una reducción de impuestos y una modificación de la normativa laboral mucho más profunda de lo que se ha hecho. No nos cansaremos de insistir en este punto porque es clave para la supervivencia de muchas empresas. ¿Cuántos autónomos han tenido que cesar como tales porque no pueden hacer frente a las obligaciones fiscales y a las cuotas a la Seguridad Social? La mejor forma de hacer que aflore la economía no reglada administrativamente no es imponer sanciones a destajo, sino crear las condiciones adecuadas para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones sin desaparecer en el intento.