Las comunidades de Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, así como 21 ayuntamientos han sido calificados por el Defensor del Pueblo como "administraciones entorpecedoras" de su trabajo durante este año, porque no han respondido a sus requerimientos de información.
Según un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, las administraciones citadas son "entorpecedoras" porque "han dificultado u obstaculizado" su trabajo, "bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada".
En el caso de Canarias, es la Secretaría general Técnica la "entorpecedora", y lleva 147 días de demora en su contestación a las peticiones de información formuladas por la institución que dirige Soledad Becerril.