La reforma, o no, de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias va camino de convertirse en el mayor culebrón del inicio de 2014. Las declaraciones cruzadas de las patronales de ambas provincias y la ambigüedad mostrada por algunos dirigentes del Gobierno canario, el presidente, Paulino Rivero, y el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, principalmente, han sembrado de dudas el hipotético cambio de una norma que rechazan de plano en Gran Canaria al impedirles construir nuevos hoteles de cuatro estrellas.
Y es que la puerta que pareció abrirse tras la reunión que mantuvo el jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, con el presidente del Cabildo grancanario, José Miguel Bravo de Laguna, la pasada semana, pareció cerrarse ayer definitivamente.
El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, aseguró que el Ejecutivo regional no se plantea en estos momentos modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística, en vigor desde hace algo más de siete meses.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, indicó que desde que se aprobó la ley se ha dicho que se efectuaría una evaluación al año de su aplicación para ver si efectivamente se estaba cumpliendo el objetivo de la rehabilitación.
Asimismo, señaló que la propia ley establece mecanismos de evaluación y, si fuese el caso, de revisión y modificación, algo que tendría que realizarse en el Parlamento canario y "no por corporaciones insulares".