El director general de Tributos del Gobierno de Canarias, Alberto Génova, avanzó ayer que otros 25 funcionarios -podrían ser incluso más de treinta- de la comunidad autónoma se incorporarán, la próxima semana, a la citada dirección general procedentes de otros departamentos del Ejecutivo.

Se sumarán a los 35 efectivos que el Ejecutivo ha trasladado desde principios de año a Tributos, y a otros 40 que lo harán el próximo mes de marzo, empleados públicos con los que el Gobierno quiere intensificar la lucha contra el fraude fiscal en el Archipiélago.

El director de Tributos sostuvo que la incorporación de estos nuevos efectivos es una prueba de la lucha contra el fraude, que es un "agravio" para los ciudadanos cumplidores y que, además, pone en riesgo la prestación de servicios públicos y distorsiona la actividad económica.

Génova, que compareció en rueda de prensa para presentar el plan de control tributario para 2013 -se publicará en el Boletín Oficial de Canarias la próxima semana-, no se atrevió a dar datos sobre el nivel de fraude fiscal ni sobre el dinero que ha aflorado gracias a la actuación de su departamento.

No obstante, remarcó que la reducción de la financiación del Estado y la dificultad de la comunidad autónoma para acceder al crédito obligan a que los tributos sean la "principal fuente" de recaudación para sostener los servicios públicos.

El citado plan de control tributario, dijo Génova, se basa en dos ejes estratégicos, que son favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, intensificando la ayuda y asistencia a los contribuyentes, y la prevención, detección y represión del fraude mediante un control intensivo por parte de la inspección.

Para ello, se intensificará también la colaboración con las demás administraciones, en particular con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, para coordinar la inspecciones.

Paralelamente a esta iniciativa, la semana próxima la Dirección General de Tributos iniciará otro plan "extraordinario" de seis meses para "poner al día" los expedientes de transmisiones patrimoniales y de sucesiones y donaciones, que gestionaban los registradores de la propiedad y que fueron asumidos desde principios de año por el Ejecutivo.

Precisamente, Génova rechazó el ofrecimiento realizado hace algunas semanas por los citados profesionales y los acusó de "falta de lealtad". Es más, aseguró que su estrategia para finiquitar esos expedientes costaba dos millones de euros, frente a los 180.000 euros que se va a gastar el Gobierno.

Por otro lado, Alberto Génova advirtió de que condicionar el ingreso del IGIC al cobro efectivo de las facturas, como ha anunciado Mariano Rajoy que sucederá con el IVA a partir del próximo año, generaría un periodo transitorio de "grave tensión de tesorería" en las administraciones.