La realidad de Inma Évora la comparten cientos de ciudadanos en Canarias y muchos de ellos incluso con similar perfil: mujer separada y con una hija de 8 años a punto de ser desahuciada de la vivienda de la que es arrendataria por el impago de la hipoteca por parte del propietario de la misma.

Esta residente en Santa Cruz de Tenerife, de 42 años y restauradora de muebles antiguos, ocupa, con su hija de 8 años, un piso cuyo dueño se lo alquiló cuando la crisis económica lo dejó sin negocio. Tras fallar la empresa, dejó de pagar la hipoteca y, hace poco, se procedió a su subasta.

Ayer se celebró la vista para determinar la relación contractual entre el propietario de la casa y la inquilina a la que quieren desalojar, una sesión en la que la parte contraria afirmó "que la firma de ese contrato se hizo recientemente", alegando para ello que el documento "es simulado", algo que niega rotundamente la abogada de Inma, Virginia Villaquirán Llinas, quien asegura que "esta acción roza todos los límites de la razón".

Durante la vigencia de la hipoteca, el propietario, que "nunca pensó que pudiera llegar a esta situación", afirmó la letrada, suscribió un contrato de arrendamiento con Évora estableciendo una cantidad de dinero en concepto de pago, que viene abonando desde 2008, en que accedió a la casa aunque últimamente, también a causa del desempleo y de su precaria situación económica, no ha podido afrontar en su totalidad y "ha ido pagando lo que podía, pero pagando", aclaró la abogada.

Inma y su hija se encuentran en medio de una compleja situación, esto es, entre la entidad crediticia que reclama el pago de la deuda y el dueño que ha perdido la vivienda.

"Soy un daño colateral", resumió esta joven madre, como les ocurre a otras muchas personas que "cuando comienzan a tener problemas, alquilan estas viviendas para cubrir los gastos de la hipoteca", y al final quedan afectadas dos familias. A pesar de que fue una circunstancia que se comunicó al Tribunal en su momento, a efectos de que se contemplara que se quedaría en la calle si se ejecutaba la sentencia, no tuvo oportunidad de explicarlo.

Inma Évora es afectada pero también presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife, y ayer relató cómo se han triplicado las ejecuciones hipotecarias en España, hasta alcanzar las 30.000, algunas de ellas, "casos que en 2011 estuvieron retenidos en los juzgados y que hoy reciben a través de correo electrónico". Así se aventuró a adelantar que será "un año muy difícil porque estamos asistiendo a la ejecución de desahucios exprés pero no de accesos a vivienda exprés", se quejó.

Évora señaló cuán "injusta" es su situación. "Me ha pasado lo que a mucha gente, que los bancos han aprovechado la crisis económica para conceder hipotecas pagando unas cantidades enormes mientras la tutela judicial ante este tipo de casos es nula". Así se sintió ella ayer, absolutamente desamparada en medio de un sistema que prácticamente no le dio opción para que se explicase. Se queja de que uno de los motivos que se aducen para desalojar a los inquilinos del piso es que un "contrato donde una de las personas tiene pendiente una ejecución hipotecaria es abusivo para la entidad crediticia, pero no es abusiva la relación contractual que se establece entre la entidad bancaria y el propietario", dijo indignada.

El futuro de Évora pasa por lo que se decida en un juzgado de la capital donde, después de la vista de ayer, se sabrá si puede continuar en la vivienda o no porque, tal y como está el mercado, reconoce que no podría sufragar el coste de lo que supondría un nuevo alquiler y mucho menos una compra.

"Lo que más me preocupa es mi hija porque yo no me puedo quedar en la calle con una niña pequeña. Es cierto que tiene a su padre, pero supondría separarme de ella", lamentó. Recurrió al ayuntamiento de la capital pero allí ya no dan ayuda y la lista de peticionarios es cada vez más larga.