Transcurre el tiempo y la posibilidad de que las universidades canarias demanden al Gobierno regional por el incumplimiento de la financiación parece cada vez más cercana, especialmente después de que el consejero de Educación, José Miguel Pérez, adelantara el pasado martes en el Parlamento que los presupuestos de su departamento para el próximo año no incluirán el reconocimiento de la deuda con las instituciones de enseñanza superior.

Las discrepancias no se refieren únicamente a la previsión temporal sobre el pago de esta deuda -las universidades no pretenden que se abone en 2012, solo que se haga constar el compromiso de hacerlo en una fecha próxima-, sino también a su importe. Los rectores Eduardo Doménech (La Laguna) y José Regidor (Las Palmas) la han cifrado en unos cincuenta millones de euros -en concepto de cantidades que no se pagaron en los ejercicios que correspondían-, pero el consejero ha advertido de que este cálculo no ha sido definido "mediante una evaluación entre ambas partes".

La Universidad de La Laguna no entiende esta duda sobre el alcance de la deuda. El jefe de gabinete del rector, Antonio Rodríguez, recordó ayer que "todos los datos han sido contrastados por la Acecau (la agencia de acreditación universitaria, adscrita al Gobierno de Canarias)". Por ello, solo se explica la postura de José Miguel Pérez por "desconocimiento, desinformación o falta de traslado de la información por parte de la anterior administración".

Cambio de postura

Según la ULL, el Ejecutivo ha dado su visto bueno los tres últimos años a las cifras que debe aportar a los centros por el cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato-programa, el instrumento de financiación de las universidades de las Islas. De hecho, Rodríguez argumentó que, tras asumir el cargo, Pérez "expresó que las universidades habían cumplido su parte".

De cualquier manera, el jefe de gabinete de Eduardo Doménech insistió en que la ULL y la ULPGC no tienen la intención de "comprometer la estabilidad financiera de la Comunidad Autónoma". "Pero de ahí a dejar de reconocer unas cantidades que son necesarias para que las universidades cumplan con sus compromisos hay un trecho", apostilló Rodríguez.

El Claustro de la ULL instó el pasado viernes al rector a acudir a la Justicia si el Gobierno se niega a incluir el reconocimiento de la deuda en los presupuestos autonómicos del próximo año. No obstante, las universidades continúan estos días con sus conversaciones con los grupos parlamentarios para promover enmiendas a las cuentas que supongan una salida a la situación. Ya se han reunido con los grupos que apoyan al Ejecutivo -CC y PSOE- y próximamente lo harán con el PP y el mixto. Si esta ronda de contactos no ofrece resultados se abriría la puerta de la denuncia, aunque "la decisión última corresponde al rector", aclaró Rodríguez.

Aunque el consejero de Educación ha reiterado su interés en "ir hacia un nuevo contrato-programa", esta opción no satisface a las universidades, que llevan años reclamando que su financiación se fundamente en una ley. "Nos sorprende que se siga insistiendo en la línea de los contratos-programa cuando está claro que no ofrece las suficientes garantías de cumplimiento", argumentó el representante del rectorado.

Más sorprendente aún es, según Antonio Rodríguez, que esta propuesta provenga de Pérez, puesto que en el programa electoral de su partido, el PSOE, "se reflejaba la necesidad de una ley que dé estabilidad a la financiación universitaria", mientras que ahora "se plantea la continuidad de un instrumento que se ha demostrado ineficiente".