El proyecto de Ley de Autonomía Local con el que el Gobierno pretende renovar las normas de gobierno de los ayuntamientos adecuará las competencias de éstos a las novedades legislativas introducidas en los estatutos de autonomía reformados, como el catalán o el andaluz.

"Tenemos que buscar esa dualidad de unas bases para todos los ayuntamientos de nuestro país, 8.112 ayuntamientos, pero también respetar aquellos estatutos, leyes orgánicas que, por tanto, forman parte del cuerpo constitucional de nuestro país, que residencian en las comunidades autónomas competencias concretas", anunció hoy el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

Un responsable gubernativo que, tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con el alcalde de la capital isleña, Jerónimo Saavedra, insistió en el propósito del Ejecutivo de que "las Cortes tengan sobre su mesa en este trimestre la ley que venga a suplir a una norma no obsoleta pero sí anticuada en este momento: la presente Ley de Régimen Local", que recordó "es del año 85".

Zarrías subrayó que, con la que ahora se proyecta denominar como Ley de Autonomía Local, se desea hacer "una ley acorde con lo que es el mapa autonómico, con lo que son las competencias autonómicas en los diferentes territorios de nuestro país, y que tenga en cuenta también las diferentes sentencias que ha habido durante estos últimos años, sembrándose en la doctrina local".

En esa línea, reiteró el propósito de revisar las competencias de los ayuntamientos para "adecuarlas a los nuevos estatutos de autonomía", precisando que "no es el caso concreto de Canarias, que no ha modificado su estatuto, pero sí ya hay estatutos, como es el catalán o es el andaluz, que tienen un título local amplio, potente, si me permiten la expresión".

En todo caso, especificó que "la idea es hablar detenidamente con los alcaldes, para que haya un común denominador para todo el país, y luego habrá comunidades autónomas que residencien en la comunidad autónoma esas competencias, u otras, como en el caso de Canarias, que tendrán que llevarlas a cabo los ayuntamientos, porque el estatuto no prevé que sean las comunidades las que las ejecuten".

Como resumen del proyecto, señaló que la intención del Gobierno es "delimitar, básicamente, las competencias que tienen los ayuntamientos, actualizando esas competencias a lo que es el siglo XXI", y avanzó que se revisará una listas de casi cuarenta competencias, aunque sin detallar ninguna.

Destacó, además, que se pretende introducir "un elemento que entendemos clave, que es la transparencia", sin pretender sustituir al Código Penal ni a los tribunales pero tratando de que queden "en evidencia" quienes cometan "corruptelas".