La inflación sigue en valores muy altos cuando está a punto de terminar el año 2022: la energía, los combustibles y la cesta de la compra son gastos habituales de las familias que se han incrementado desde comienzos de este año mientras los salarios están estancados o, en caso de subirse el año que viene según los convenios, lo harán muy por debajo de la subida del coste de la vida, por lo que se seguirá perdiendo poder adquisitivo si los precios no vuelven a bajar, algo que no se espera al menos hasta el 2024. Pero los trabajadores, dados de alta en la Seguridad Social, tendrán que asumir un nuevo impuesto desde el 1 de enero de 2023 que supondrá un porcentanje del salario, una medida que afectará a algo más de 20 millones de empleados.
Con este recargo sobre las nóminas se quiere aumentar la hucha de las pensiones. Y el Gobierno sabe que se avecinan tiempos complicados, con una caja prácticamente vacía y la jubilación esperable de una importante masa laboral pertenenciente a la generación del baby boom.
Se trata de una decisión que se sacó adelante en diciembre del año pasado y se publicó en el BOE. Era solo una de las primeras medidas que se iban a adoptar dentro de la reforma de las pensiones, pero ahora ya se empieza a cuestionar el mecanismo.
Equidad intergeneracional vs factor de sostenibilidad
El Gobierno de España sacó adelante el mecanismo de equidad intergeneracional que reemplaza el factor de sostenibilidad puesto en marcha por el PP. Tenía que haber entrado en vigor en 2018 pero los populares lo pospusieron hasta 2023. No obstante, el factor de sostenibilidad se derogó el pasado mes de diciembre para ser sustituido por el mecanismo de equidad, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
El anterior sistema funcionaba como una especie de prorrateo de la expectativa de pensión según la esperanza de vida. Al incrementarse los años de vida de los pensionistas se iría rebajando también la cuantía de sus pagas una vez jubilados. El modelo del Partido Popular hubiera implicado, en caso de haberse puesto en marcha, recortes de hasta el 20% en las pensiones de quienes empezarían a jubilarse a partir de 2023. Sin embargo, la mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados logró tumbar el factor de sostenibilidad del PP.
¿Qué implica el nuevo sistema?
Con el mecanismo de equidad intergeneracional no se tocarán las pensiones ni habrá posibilidad de que se reduzca el gasto en ellas. Se ha creado básicamente una nueva cuota que será asumida por todos los trabajadores, al margen de sus ingresos. El porcentaje será igual para todos.
Se pone en marcha como una nueva forma de cotización y las personas dadas de alta en la Seguridad Social empezarán a notarlo en breve en sus sueldos. Los salarios se verán recortados un 0,6%. Dicho recargo aparecerá en la nómina de los asalariados, pero también lo notarán los autónomos.
Y es que con las jubilaciones de la generación del baby boom, las cotizaciones ordinarias no serán suficientes y se necesitan otras vías de recaudación. De esta manera, la opción planteada por el departamento del ministro José Luis Escrivá pasa por tocar los salarios de los trabajadores.
El sistema se ha ideado de tal forma que se le quitará un 0,6% de la nómina al trabajador, no obstante apenas lo notará pues el empresario asumirá un 0,5% y el asalariado solo correrá con el 0,1% restante.
Así, en una nómina de 2.000 euros brutos, el del 0,6% del nuevo impuesto implicaría un recorte de la nómina en unos 12 euros mensuales, de los que 10 euros los pagaría la empresa y 2 los afrontaría el trabajador.
Como es lógico, todo dependerá del nivel salarial de cada uno; no obstante, el porcentaje que se aplicará será siempre el mismo. El Gobierno solo podrá hacer uso de este dinero para satisfacer el pago de las pensiones, tendrá un carácter temporal hasta 2032 y el objetivo es recaudar unos 22 000 millones de euros.
