El Gobierno reconoce que retrasa la cotización de los becarios por la presión de universidades y empresas

El Gobierno ha reconocido explícitamente que su decisión de retrasar la entrada en vigor de la obligación de cotizar para todos los estudiantes en prácticas obecede a las presiones de universidades y empresas. Así queda plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este jueves, en el que queda recogido el real decreto de medidas urgentes que agrupa desde los nuevos permisos laborales de la ley de familias, hasta la prórroga de los abonos transporte o la reducción del IVA de los alimentos básicos.

Inicialmente la obligatoriedad de cotizar tanto para los estudiantes en prácticas remuneradas como no remuneradas estaba prevista para el 1 de octubre del 2023. Sin embargo, el Consejo de Ministros decidió modificar dicho compromiso y demorar su entrada en vigor al 1 de enero del 2024. Tal como llevaba tiempo pidiendo los rectores universitarios (a través de la CRUE) y lobis como la Red de Fundaciones Universidad Empresa.

El Ejecutivo reconoce explícitamente que su decisión está motivada por las presiones recibidas de quienes deberán asumir el incremento de coste que esta nueva medida conllevará. Y es que la entidad receptora del alumno en prácticas será quien asuma una mínima parte de las cotizaciones, ya que entre el 95 y el 97% vienen bonificadas por la Seguridad Social. El coste estimado por estudiante es de unos 10 euros al mes, de media. La medida está previsto que afecte a alrededor de un millón de estudiantes.

"Existe una situación sobrevenida de urgencia que no era previsible y que consiste en que un número importante de empresas, instituciones o entidades en las que se desarrollan las prácticas formativas han expresado su voluntad de modificar los convenios o acuerdos de cooperación con las universidades que regulan dichas prácticas para que sean éstas las que asuman las obligaciones a la Seguridad Social que se contemplan en la nueva normativa", según recoge el BOE.

El Ejecutivo habla de "situación sobrevenida" y de "urgencia", cuando la cotización de todos los estudiantes en prácticas se cerró dentro del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para la reforma de las pensiones. Este se firmó el 15 de mayo y tres días antes incluso de la firma formal del pacto la CRUE ya emitió un comunicado en el que afirmaba: "No es realista afirmar que existe suficiente tiempo para poner en marcha dicho modelo en 2024 y se perjudicará gravemente al estudiantado que este curso esté matriculado en primero de bachillerato".

Las centrales han manifestado su rotundo rechazo a la demora de uno de los puntos del acuerdo y la calificaron como "una inexplicable cesión a las presiones de autoridades académicas y educativas que, ignorando los derechos reconocidos a las personas más jóvenes de nuestro país, se vienen oponiendo sistemáticamente a estos nuevos derechos reconocidos para las personas más jóvenes".

Una historia de intentos fallidos

Por un motivo u otro, que todos los estudiantes coticen durante sus prácticas es algo que se ha ido posponiendo durante los últimos años. Ya era un compromiso adquirido por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, cuando Magdalena Valerio era ministra de Trabajo. Entonces se congeló por el adelanto electoral. Posteriormente, ya bajo la etapa de la coalición, fue uno de los puntos cerrrados en el primer acuerdo de pensiones del verano del 2021.

El compromiso era que en el curso 2021-2022 ya entrara en vigor, pero no acabó siendo así. Finalmente se plasmó de nuevo en el último acuerdo de pensiones, que no entrará en vigor tal como estaba previsto y se posterga hasta el 1 de enero del 2024. A expensas de qué Gobierno salga de las urnas el próximo 23 de julio y lo que decida hacer con esta nueva obligación.