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Empresarios de Madrid proponen la eliminación de los cabildos

El ‘think tank’ de las grandes firmas del país revive la polémica que ya azuzó en la crisis financiera y plantea una reforma de la Administración sin entidades insulares

Ángel Víctor Torres, de espaldas, Antonio Morales, Pedro Martín y los demás presidentes de cabildos en una reunión de la Federación Canaria de Islas (Fecai). José Pérez Curbelo

El Círculo de Empresarios, el think tank o laboratorio de ideas de los altos ejecutivos de las principales firmas del país, propone en su receta para una Administración pública «más eficiente y moderna» la eliminación de los cabildos insulares. La entidad presidida por Manuel Pérez-Sala presentó este miércoles en Madrid su propuesta para racionalizar el entramado institucional y reducir el gasto público, una hoja de ruta que en muchos puntos coincide con la que el propio Círculo recomendó en 2011, hace más de una década y en plena crisis financiera. La organización empresarial instó ya entonces al Gobierno a «estudiar la racionalidad económica y la viabilidad legal de la eliminación de diputaciones provinciales y equivalentes insulares», es decir, los consejos baleares y los cabildos canarios. Ahora, en medio de una nueva crisis, en este caso una crisis de precios, el Círculo recupera aquella polémica propuesta dentro de su paquete de medidas para aminorar el gasto público y dejarlo en el equivalente al 40% del PIB en 2024, lo que supondría una bajada de más de diez puntos en solo un par de años.

El think tank empresarial defiende una profunda reforma del sector público para «administrar mejor y de forma más eficiente». Una reforma por fases que en su primer estadio incluiría la «eliminación» de los ayuntamientos de los municipios de menos de 5.000 habitantes. En las Islas desaparecerían así los consistorios de Betancuria, en Fuerteventura; Artenara, Tejeda y Valleseco, en Gran Canaria; Buenavista, Fasnia, Garachico, San Juan de la Rambla, Los Silos, El Tanque y Vilaflor, en Tenerife; todos los de La Gomera menos el de San Sebastián; Barlovento, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tazacorte, Tijarafe y Mazo, en La Palma; y dos de los tres de El Hierro: los de Frontera y El Pinar. El mapa de los ayuntamientos del Archipiélago pasaría de esta forma de los actuales 88 a solo 61. El Círculo de Empresarios propone que estas pequeñas localidades se organicen en mancomunidades, áreas metropolitanas o áreas comarcales en torno a municipios de mayor tamaño, lo que permitiría la «centralización de servicios comunes para mejorar la capacidad de compra y obtener economías de escala».

El empresariado canario sale al paso: «Confunden a los cabildos con las diputaciones»

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Una vez reorganizada la Administración local, ya en una segunda fase y con la «garantía» de una mejor prestación de servicios a los ciudadanos, llegaría el momento de una «progresiva supresión de ayuntamientos de municipios de menos de 15.000 habitantes». El mapa de la Administración local se reduciría en las Islas aún más, ya que no son precisamente pocas las localidades con entre 5.000 y 14.999 residentes. Entrarían en la lista los consistorios de, por ejemplo, Haría, Tinajo, Agaete, Firgas, Moya, Arafo, Arico, La Guancha y la mayoría de los de las islas verdes –La Palma, La Gomera y El Hierro– que hubiese sobrevivido a la primera criba.

Sería en este segundo estadio de la reforma planteada por el Círculo de Empresarios de Madrid en el que al margen de la progresiva supresión de los ayuntamientos con entre 5.000 y 14.999 administrados se produciría «la desaparición del nivel político-administrativo intermedio entre Comunidades Autónomas y ayuntamientos». Desaparecerían de esta forma, o cuando menos quedarían vacíos de la gran mayoría de sus funciones y competencias, los cabildos en el caso de Canarias, los consejos en el caso de Baleares y las diputaciones provinciales en la España peninsular. «Sería razonable plantear reducir los niveles de la Administración a través del traslado de las competencias de las diputaciones e instituciones equivalentes [cabildos y consejos] al resto de administraciones públicas, fundamentalmente Comunidades Autónomas y ayuntamientos», se insiste en el informe.

También apuesta el Círculo empresarial por la supresión de los ayuntamientos de menor tamaño

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Detrás de la ambiciosa reforma expuesta por el Círculo –una propuesta que es ajena a los círculos de empresarios de las Islas– está el convencimiento de que es posible hacer más, y mejor, con menos. No en vano, la entidad recuerda que el gasto público en España es inferior a la media de la Eurozona y que, pese a ello, España es también el Estado miembro donde el desembolso público ha experimentado el mayor incremento en los últimos 20 años. Además, la deuda se ha disparado en la doble crisis de la covid y la inflación. Sin embargo, la mayor parte de ese desembolso, expone el informe, ha servido para pagar las pensiones y para sufragar el gasto corriente, esto es, para que el entramado administrativo costee el gasto que él mismo genera, empezando por las nóminas de los funcionarios. Resulta así que con el gasto social y el gasto corriente disparados, se ha visto menoscabado «el papel protagonista que las administraciones públicas pueden jugar en la inversión en capital y, por tanto, en favorecer el crecimiento potencial de la economía».

En Canarias, el empresariado está de acuerdo con el objetivo de la propuesta del Círculo madrileño, con esa necesidad de racionalizar la Administración y, en consecuencia, el gasto público. Pero en modo alguno –advierten– eso debe implicar la eliminación de una institución tan fundamental para el gobierno de cada una de las islas como los cabildos. El problema es que «confunden a los cabildos con las diputaciones».

El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, explicó este jueves que, «con seguridad», comparten con sus colegas madrileños «los argumentos para la mejora y la mayor eficiencia del gasto público», pero «en ningún caso la cuestión de los cabildos». «El problema es el desconocimiento de sus funciones», ahondó. En esta línea, el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, subrayó que, por supuesto, hay que ir hacia una Administración «más eficiente, sobre todo en la ejecución de las inversiones». El dirigente de la CEOE precisó que quieren eficiencia, claro, pero eso sí: nunca en detrimento de las instituciones de la Comunidad Autónoma. «Queremos eficiencia y canariedad», destacó. Pedro Ortega, homólogo de Alfonso en la CCE, la patronal de la provincia de Las Palmas, agregó en esta misma dirección que «racionalización no es sinónimo de supresión o eliminación», de ahí que rechace de plano este planteamiento del Círculo madrileño. Lo mismo Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, que recuerda que los cabildos son instituciones «fundamentales», lo que no obsta para reconocer, puntualizó, que hace falta en Canarias una reforma que despeje de trabas y burocracia la inversión y los proyectos empresariales.

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