Es una región casi desconocida incluso en Italia. Tiene una extensión de menos de 10.000 kilómetros cuadrados, está despoblada y en la cola del desarrollo italiano. Se llama Basilicata y, pese a todo lo anterior, tiene una particularidad muy llamativa: cuenta con 116 pozos de gas (de los cuales unos 30 activos), así como numerosos yacimientos de petróleo, desplegados en un territorio de 2.555 kilómetros cuadrados en concesión a compañías para la explotación de estos hidrocarburos, el equivalente al 25% de su territorio. Por eso algunos le han puesto a Basilicata un sobrenombre que habla por sí solo: la Texas de Italia

Los yacimientos fueron descubiertos en los años 80 entre las provincias de Matera y Potenza y comenzaron a ser usados a principios de los 90. Está el de Tempa Rossa, del que la petrolera francesa Total, la inglesa Shell y la japonesa Mitsui que extraen hasta 230.000 metros cúbicos de gas comercial, 50.000 barriles de petróleo y 240 toneladas de gas licuado del petróleo (GLP) al día. Y luego el de Val d’Agri, el más grande yacimiento de gas en tierra de Europa, con sus más de 20 pozos, en el que trabajan Shell y la italiana Eni, que administra el 61%. Este segundo puede producir cotidianamente hasta 104.000 barriles al día. 

Una realidad excepcional que este año ha tenido un desenlace inesperado, en medio de la crisis energética: la decisión de la administración regional de Basilicata de destinar el gas que Eni y Total le regalan, como compensación por los daños ambientales -unos 200 millones de metros cúbicos al año de este hidrocarburo-, a la ciudadanía. El cálculo es que así hasta 110.000 familias de la región ya no tendrán que pagar el consumo de gas y podrán ahorrar unos 350 euros anuales de promedio en las facturas de sus primeras viviendas. Solo tendrán que pagar los costes del servicio, como la manutención. 

Empresas excluidas

De hecho, entre los requisitos para obtener la ayuda está la exigencia de ser un ciudadano particular, tener la residencia en Basilicata y no utilizar para la calefacción otras fuentes de energía como, por ejemplo, las estufas pellet o las chimeneas. Aún así, para estos, las autoridades regionales han destinado algunas subvenciones para incentivar la transición a las fuentes renovables.

El anuncio, hecho por el presidente regional, Vito Bardi, ha tenido en lo inmediato éxito en la población. Desde el 28 de octubre, día en el que la iniciativa se puso en marcha, unos 100.000 ciudadanos ya han presentado su solicitud para acceder a la ayuda que, según las autoridades, podría seguir otorgándose por los próximos nueve años, según ha informado Bardi. Algunos ciudadanos, ya en estos días, han empezado a recibir sus facturas con el descuento, pese a las reticencias de algunas asociaciones que temen que la iniciativa produzca un aumento de los consumos cuando se está intentando reducirlos.

Nicola Valluzzi es alcalde de la municipalidad de Castemezzano, en la provincia de Potenza. Según él, la iniciativa es “necesaria” en un momento en los que los precios del gas han subido mucho y la pobreza crece en su región. “Sin embargo, hubiéramos preferido que el beneficio fuese mayor para las familias más necesitadas, y que las empresas no quedaran completamente excluidas”, dice a este diario al explicar que un alto número de actividades comerciales están cerrando en esta zona debido a la crisis energética. 

Perplejidad ambientalista

La iniciativa, además, no cuenta con el favor de las organizaciones ecologistas. La razón es que, como ha recordado Legambiente, una de los principales grupos ambientalistas italianos, es que en Basilicata cada año se dispersan directamente en la atmósfera entre los 4 y los 36 millones de metros cúbicos de gas. Más aún la paradoja está en que, si bien Basilicata es hoy la primera región italiana por producción de hidrocarburos, los habitantes locales son los antepenúltimos por consumo de gas fósil. 

En verdad, en el pasado, el tema de la contaminación de Basilicata también ha acabado en los juzgados, con dos procedimientos por tráfico ilícito de basuras y desastre ambiental. Esto último, por un incidente que provocó en 2017 el derrame de 400 toneladas de petróleo y la contaminación de 26.000 metros cuadrados de subsuelo, según ha recordado Legambiente.