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Radiografía de la disparidad fiscal

El fuerte crecimiento de los ingresos alienta a las autonomías del PP a bajar sus impuestos

La recaudación fiscal en el conjunto de las comunidades crece por encima del 10% y aporta una recaudación adicional de 3.525 millones en la primera mitad del año | La tributación de un patrimonio de 800.000 euros oscilará entre los cero euros de Madrid y Andalucía y los 1.164 euros de Aragón o los 769 de Cataluña

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en marzo pasado.

La decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla (PP), de bonificar ya desde 2022 el 100% del impuesto sobre patrimonio en su comunidad -siguiendo la estela de la decisión adoptada en Madrid en 2011- ha revolucionado el debate sobre la competencia fiscal entre las autonomías. Y lo ha revolucionado por dos motivos. Primero, porque al ser la segunda región con menor renta per cápita (después de Canarias) y la que menos recursos por habitante recibe del sistema de financiación autonómica (junto con Valencia y Murcia) era difícil imaginar que Andalucía se iba a permitir bonificar un impuesto que hasta ahora reporta 93 millones a sus arcas autonómicas. Segundo: porque Moreno ha reconocido abiertamente que lo que busca es 'robar' contribuyentes ricos de otras comunidades y ha apelado directamente a los de Cataluña.

El fracaso del Gobierno en la armonización de los tributos deja vía libre a la desaparición de algunos de ellos en regiones gobernadas por los populares

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La mejora de los ingresos tributarios que la recuperación económica posterior al covid y la inflación están proporcionando a las comunidades autónomas parece favorecer ahora la toma de decisiones que en otros momentos hubieran sido sumamente arriesgadas. Con datos hasta el mes de junio la recaudación de impuestos de las comunidades ha crecido el 10,7%, aportando 3.525 millones más al conjunto de las arcas autonómicas. En concreto, la recaudación fiscal en Andalucía ha crecido el 8,1% hasta junio (302 millones más que en igual que periodo de 2021); el 8,5% en Catalunya (623 millones adicionales) y el 8,6% en Madrid (614 millones más). En Murcia, que acaba de anunciar que rebajara su tramo autonómico del IRPF en un 4,1% para corregir la inflación, la recaudación por sus impuestos sube el 14,5% (93 millones) y en Galicia, cuyo gobierno ha comprometido una bonificación adicional del 25% en el impuesto sobre patrimonio, hasta el 50%, sus ingresos tributarios suben el 9,8% (142 millones adicionales hasta junio).

Moreno no se juega con este anuncio las elecciones en Andalucía, pues estas se han celebrado este mismo año otorgándole una clara mayoría absoluta. Sin embargo su anuncio ha servido de acicate a otros presidentes autonómicos del PP que han decidido sumarse a la estela de rebajas fiscales. La competencia fiscal a la baja que se ha vuelto a poner de manifiesto estos días ha resucitado el debate que pivota sobre tres pilares: el de la autonomía financiera plena de las comunidades que reclama el PP; el de la conveniencia de una tributación mínima, que el PSOE quiere llevar a un debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que ha vuelto a ser pospuesto hasta la próxima legislatura; y el pilar de una posible recentralización de los impuestos cedidos, tal como ha planteado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, "a título personal" en medio de toda suerte de críticas, incluso entre las filas del propio Gobierno.

La competencia fiscal entre las comunidades autónomas no es nueva. En mayor o menor medida, las comunidades han hecho uso de su capacidad de subir o bajar los impuestos sobre los que tienen cierta capacidad normativa, pero estas prácticas se acentuaron sobre todo a partir de 2008, con la crisis económica y la necesidad de mayores ingresos. Después de eso, la tendencia a subir impuestos cedidos se mezcló con una competencia a la baja en la que la Comunidad de Madrid, con su entonces presidenta Esperanza Aguirre (PP), entró a saco, a través de sus impuestos sobre la renta, sobre sucesiones y sobre patrimonio (que lo suprimió en 2011).

El resultado de la competencia fiscal

Y el resultado es una disparidad creciente entre los impuestos que se acaban pagando en una comunidad u otra, según los casos. Cálculos realizados por la doctora en Ciencias Económicas Maite Vilalta Ferrer en el volumen 'Desafíos pendientes de la descentralización en España', con datos sobre 2017, estiman que las decisiones tomadas por el conjunto de los gobiernos autonómicos supusieron entonces una pérdida de recaudación de 1.695 millones de euros (el 1,7% del total de sus ingresos potenciales) respecto a lo que hubieran podido recaudar sin haber ejercido sus competencias autonómicas. Mientras que en Madrid, los cambios supusieron una pérdida del 14,1% sobre su recaudación potencial; en Extremadura permitieron casi duplicar su recaudación (con un aumento del 98,6%). En otras seis comunidades, las decisiones de sus gobiernos autonómicos se saldaron con una mayor recaudación (Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón y Castilla y León). En Catalunya, los cambios operados en el IRPF y en los impuestos cedidos se saldaron con una menor recaudación de 313 millones, el 1,5% de la recaudación potencial total de 2017.

El juego que han practicado unas y otras comunidades autónomas sobre los diferentes impuestos, subiendo o bajando los porcentajes de tributación, elevando o recortando los mínimos exentos, introduciendo unas u otras deducciones o aplicando bonificaciones que, en algún caso, llegan al 100% (como sucede en el impuesto de patrimonio en Madrid y, ya también, en Andalucía), dan como resultado que los contribuyentes no paguen el mismo nivel de impuestos en unas comunidades que en otras.

Madrid, siempre en cabeza

Así, por ejemplo, se ha llegado a 2022 con tipos mínimos en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta que oscilan entre el 8,5% de Madrid y el 10,5% de Catalunya y tipos máximos entre el 20,5% (Madrid) y el 29,5% de Valencia (para rentas a partir de 175.000 euros). Sumando el tramo estatal y teniendo en cuenta las haciendas forales, el tipo mínimo del IRPF oscila entre el 13% que se paga en Navarra y el 23% del País Vasco (en Madrid, el 18%; en Catalunya, el 20%) en Catalunya). El tipo máximo bascula entre el 45% resultante en Madrid y el 54% que resulta en la Comunidad Valenciana (en Catalunya, el 50%), según datos recopilados en el informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022', del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), del Consejo General de Economistas.  

Cada año, en su informe sobre fiscalidad autonómica, el REAF actualiza los ejemplos que muestran hasta qué punto es más gravoso ser contribuyente en una comunidad o en otra, según los diferentes supuestos. Catalunya despunta como la comunidad autónoma con el impuesto sobre la renta más caro para contribuyentes con salarios brutos de entre 20.000 y 30.000 euros. Para el ejemplo de un contribuyente catalán soltero con un sueldo de 30.000 euros, la diferencia es de 358 euros de mayor tributación respecto a Madrid. La diferencia entre el IRPF más caro y el más barato se acerca a los 45.000 euros si se compara el caso de un contribuyente valenciano con rentas del trabajo de 600.000 euros, frente a uno similar en Madrid.

En el caso del impuesto de patrimonio la diferencia va entre la tributación cero de Madrid (y, a partir de ahora, de Andalucía) y los 1.164,37 euros que tendría que tributar en Aragón un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros (sin contar el valor de la vivienda habitual hasta 300.000 euros). En Catalunya esta factura fiscal es de 769,51 euros.

Con carácter general -según corrobora el análisis de Alberto Monreal, socio de PwC Tax & Legal, en un estudio del IEE sobre la competitividad de las comunidades autónomas- la menor factura fiscal la obtienen los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, seguidos de los de Canarias y Ceuta y Melilla. En el pelotón de las comunidades más gravosas para los contribuyentes casi siempre está Catalunya, junto con Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja.

¿Fuga de contribuyentes?

La cuestión es si tales diferencias tributarias son capaces de provocar el éxodo de contribuyentes de unas comunidades en favor de las autonomías con menor tributación, que es a lo que ahora aspira el presidente de Andalucía con su decisión de suprimir el impuesto sobre patrimonio. Existen pocos datos concluyentes que permitan dar una respuesta a esta cuestión. Un informe del Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLAB, vinculado a la Generalitat Valenciana) estimó en 2020 que Madrid había ganado 103.035 contribuyentes procedentes de otras comunidades en el periodo de 10 años entre (2009-2018), coincidiendo con el periodo de rebajas fiscales más intensas en la comunidad madrileña.

Otro estudio publicado por FEDEA en noviembre de 2017 y firmado por los investigadores Julio López Laborda Fernando Rodrigo, llega a la conclusión de que las diferencias en los impuestos autonómicos sí "influyen significativamente en la elección de la comunidad de residencia por los contribuyentes ubicados en la parte más alta de la distribución de la renta", y detecta que las movilidad ocasionada por las diferencias en el IRPF "parece dirigirse solo a la región de Madrid". En todo caso, este estudio apenas cifra en 4.457 los contribuyentes pertenecientes al 1% de la población con mayor nivel de renta que pudieron cambiar de residencia fiscal por motivos tributarios entre 2006 y 2012. Según este análisis, Madrid atrajo a 2.642 de ellos, procedentes, sobre todo, de Andalucía (748) y Catalunya (458).

Recaudación por habitante

Otro análisis distinto es que se detiene en comparar cuántos ingresos por habitante obtiene cada comunidad por sus impuestos cedidos. Aquí no solo cuenta si los impuestos son más altos o más bajos, sino si los contribuyentes tienen mayor o menor nivel de renta. Así Madrid, al tiempo que es la región con los impuestos más bajos, también es la que tiene mayor recaudación por habitante (un 63,6% más que la media de España), según datos recopilados en el citado estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Le siguen, por este orden, Cataluña (32% por encima de la media), el País Vasco (25,5%), Islas Baleares (24%) y la Comunidad Foral de Navarra (14,7%). En el polo opuesto, la recaudación por habitante en Extremadura apenas alcanza el 53% de la media española y Castilla La Mancha, el 64%.

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