La reforma laboral no es profunda –consolida el recorte de las indemnizaciones por despido de la ley del PP y no restaura los salarios de tramitación en los casos de despido improcedente–, pero sí afecta a la gran mayoría de los contratos que se firman en Canarias. En concreto a un 82% de los acuerdos que empresas y asalariados suscriben en la Comunidad Autónoma. De entrada porque buena parte de esos contratos es por obra o servicio, una modalidad que desaparece. Son decenas de miles los acuerdos laborales que deben así adaptarse al nuevo marco normativo que entra hoy en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez les concede a las empresas un plazo de tres meses a contar desde hoy para adaptar sus contratos a la reforma.
El principal objetivo de la nueva normativa laboral es reducir la altísima tasa de temporalidad que caracteriza el mercado de trabajo español, más si cabe en Canarias por su no menos altísima dependencia del sector servicios, el más propenso al empleo temporal. La intención es que el contrato ordinario sea el indefinido, de ahí que se establezcan nuevas reglas, requisitos y condiciones para el trabajo eventual. Además, la firma de acuerdos de menos de 30 días de duración se penaliza en las cotizaciones sociales. Bajo esta premisa de reducir la temporalidad, la reforma del Ejecutivo estatal –más próxima a las tesis de la vicepresidenta Nadia Calviño que a las de la ministra Yolanda Díaz pese a que esta última ha sido el rostro de la negociación con la patronal y los sindicatos– afecta principalmente a dos tipos de contrato –por obra o servicio y eventual por circunstancias de la producción– de los que este año se ha suscrito en las Islas un total de 422.799.
El Gobierno da a los negocios un plazo de tres meses para que se amolden a la nueva normativa
Entre enero y noviembre de 2021, que es hasta donde abarcan los últimos datos oficiales, empresas y trabajadores del Archipiélago rubricaron 513.825 contratos de todo tipo, con lo que la reforma laboral afecta a, exactamente, un 82,3% de ese total. Hasta 152.247 fueron contratos por obra o servicio, muy utilizados en el sector de la construcción. Todos ellos tienen desde hoy, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, una duración máxima de seis meses; después dejarán de existir de forma definitiva. Hay que tener en cuenta que la duración de esta modalidad de contratación era por lo general indeterminada. Indeterminada pero en todo caso eventual. Ahora las constructoras, las empresas más afectadas por la extinción del acuerdo por obra o servicio –en Canarias se firmaba cada mes una media de 13.841 convenios de esta modalidad–, tendrán a su disposición un nuevo tipo de contrato indefinido. Al finalizar la obra, la empresa deberá ofrecerle al trabajador un puesto donde recolocarse; si la recolocación es imposible, aquel cobrará una indemnización equivalente al 7% de los salarios recibidos.
La reforma afecta también a los contratos eventuales por circunstancias de la producción. La modalidad contractual estrella en la región. La duración de este tipo de acuerdo –se ha firmado en las Islas en lo que va de año un total de 270.552– se reduce tanto si el incremento de la carga de trabajo que da lugar al contrato es imprevisible –el tope son doce meses tras prórroga– como si es previsible –hasta un máximo de 90 días y nunca de manera continuada–.
