La ley de transporte terrestre de Canarias tiene ya trece años, muchos más de los necesarios para que los avances tecnológicos y los compromisos de descarbonización hayan descosido algunas de sus costuras. El Gobierno autonómico avanzó ayer en la modificación de esta norma para, por ejemplo, dar entrada a conceptos como el de la movilidad sostenible. El consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, reunió ayer a la Mesa del Transporte Terrestre y expuso a los operadores privados su deseo de verles al frente, junto a la Administración, de cualquier mejora que frene el cambio climático antes de que se vean obligados a ello por Bruselas.

La semana próxima, cabildos, empresarios y sindicatos recibirán el borrador de anteproyecto. No fue posible tenerlo ayer, pero hacía más de un año y medio que la Mesa del Transporte Terrestre no se reunía. Franquis pretende arrancar la tramitación parlamentaria en el próximo mes de enero. «Eso es correr y mucho», avanzó el presidente de la Federación de Empresarios de Transporte (FET), Agustín Espino.

Para cumplir el cronograma, los miembros de la Mesa del Transporte Terrestre decidieron iniciar reuniones de las diversas submesas –transporte escolar, taxi, transporte de mercancías...– a partir de septiembre. La entrada de la primera versión del cambio de la ley en la Cámara al inicio del próximo año debería servir para que la nueva norma vea la luz «a finales del año que viene», según Franquis. En todo caso, como apuntó el propio consejero, la tramitación será «más fácil» si se logra cerrar un texto muy consensuado.

Sin embargo, los intereses son muy divergentes en algunos aspectos, algo que volvió a dejarse notar durante el encuentro de ayer. Patronal y sindicatos mantienen posiciones antagónicas con respecto al uso del tacógrafo. Mientras para los representantes de los trabajadores su uso garantiza el cumplimiento de los horarios contemplados en los convenios del sector, para los empresarios es un lastre.

«No hace falta y ya la UE (Unión Europea) reconoció la excepcionalidad de Canarias», afirmó Agustín Espino. El presidente de la patronal canaria del transporte aseguró que la implantación del tacógrafo ha derivado en la acumulación de «multas por errores ridículos, pero factibles. En largas distancias como las que existen en el continente, puede tener sentido, pero no aquí, donde los conductores paran y arrancan a cada momento», detalló.

Sebastián Franquis no ocultó que en ese ámbito «las opiniones son distintas». No ya solo entre empresas y organizaciones sindicales, sino también en el ámbito de la Administración, donde no todos los niveles entienden la pertinencia de este elemento de la misma manera.

El orden del día de la reunión de ayer era breve, pero en ausencia de ese borrador sobre el que comenzar a fijar posiciones, otros asuntos se colaron en el debate. El pasado mes de mayo, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) manifestó su propósito de conseguir una modificación del actual régimen del transporte terrestre en el Archipiélago para que las ambulancias puedan trasladar a los escolares a los centros educativos.

Desde el primer momento, la FET alertó de que esa iniciativa había evitado su paso por la Mesa del Transporte Terrestre y de la competencia que la hipotética aprobación de esa pretensión, sin «similitud con ninguna regulación normativa española ni europea», suponía para las empresas del sector.

Ayer, la patronal sacó el asunto a la palestra para trasladar al Parlamento su rechazo. El consejero Franquis se lleva a la Cámara la oposición unánime de la mesa, incluido la de los representantes del Cabildo de La Gomera, de ASG.