El grupo JSP ha dejado de suministrar algunos de sus productos más emblemáticos a los comercios y supermercados, según denuncia el comité de empresa de la compañía. Los representantes de la plantilla han remitido escritos a los principales responsables de la empresa para denunciar esta situación, que también se ha trasladado al Gobierno canario y a otras instituciones ante la preocupación y alarma que se está generando entre los trabajadores. Esta situación se produce al mismo tiempo que el grupo ha comunicado la presentación voluntaria del concurso de acreedores, lo que supone la entrada de un administrador concursal que asumirá la gestión de la empresa y su futura viabilidad.
El comité reclama explicaciones ante lo que considera una "devaluación" de la marca Celgán, que lleva en el mercado 60 años. Según relata el órgano representativo de la plantilla hay ciertos productos que no se están fabricando o cuya producción se ha reducido ostensiblemente como es el caso de los postres sólidos –natillas de vainilla, cacao y café–, los yogures de fruta, el Actimillac –natural, fresa y coco– y la leche fresca pasterizada entera y semidesnatada, lo que perjudica notablemente a los ganaderos ya que se nutre directamente de las explotaciones ganaderas. En este sentido, se reciben quejas de distribuidores por falta de suministros de determinados productos, se está produciendo una pérdida de espacio en los lineales de los supermercados en favor de la competencia y se ha dejado de suministrar a los pequeños comercios de alimentación.
El comité de empresa también denuncia que la profunda reestructuración que se ha realizado del departamento comercial apenas ha repercutido en el incremento de las ventas, además de que se ha apartado a los responsables de la planta de producción mediante un ERTE sin justificación suficiente.
Los representantes laborales del grupo también denuncian que se ha dejado de fabricar la barra de pan tradicional y la media, lo que está suponiendo que se deje de suministrar este producto a las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. El presidente del comité de empresa, Ángel Yanes, asegura que este tipo de "maniobras" por parte de la empresa se están haciendo desde la "mala fe" con el fin de "dejar caer las ventas" y así poder "fraccionar" la empresa, que es el objetivo de los consejeros del grupo puestos por los bancos acreedores. Por ello "pedimos explicaciones a la empresa pero también lo ponemos en conocimiento de las autoridades y del Gobierno porque esta nefasta gestión nos perjudica a todos", advierte Yanes.
Preocupación política
La situación de JSP preocupa a la Administración al tratarse de uno de los grupos industriales más señeros de las Islas y porque da trabajo a 500 personas de forma directa y a más de 1.500 de forma indirecta, además de su impacto en el sector primario. El pleno del Parlamento trató esta semana la problemática que acucia a JSP mediante una pregunta de Coalición Canaria (CC) al Gobierno, pero también los nacionalistas registrarán el lunes una proposición no de ley (PNL) con el fin de concitar el respaldo de toda la Cámara autonómica y buscar soluciones viables para ayudar a la compañía y salvar los puestos de trabajo, según ha explicado la diputada nacionalista Rosa Dávila.
La parlamentaria de CC y exconsejera de Hacienda cuestiona que el Gobierno haya dejado pasar estos últimos meses sin aportar soluciones concretas para salvar la viabilidad del grupo. «El Gobierno tenía que haber puesto un poquito más de ganas y que fuera el propio presidente el que liderase el proceso para dar confianza a los inversores que quisieran entrar, nos consta que había capital canario interesado», añade Dávila.
En este sentido, el Gobierno explora la opción de ayudar a JSP mediante un rescate de la empresa a través de un préstamo u otra fórmula a semejanza de lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas con empresas emblemáticas con problemas financieros. Ha sido el caso de Galicia con Pescanova, País Vasco con Fagor, Cataluña con Nissan o Andalucía con Aldecoa.
El Ejecutivo prepara un decreto y busca alternativas a través de un fondo para empresas estratégicas, un préstamo participativo y otras vías. Sin embargo, una vez que la sociedad ha decidido presentar el concurso de acreedores se está a la espera de que se nombre al administrador concursal para buscar las opciones que hay sobre la mesa y que el parón de la producción no lleve a expedientes de regulación de empleo traumáticos para la plantilla.
Una de las fórmulas que se estaba barajando es la de solicitar ayuda al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas por un importe suficiente para dar viabilidad a la compañía, si bien para pedir este tipo de ayuda las sociedades deben estar al día en sus deudas tributarias y de la Seguridad Social. La inyección de fondos sería preferentemente a través de créditos participativos.
