El juez del caso Tándem, Manuel García-Castellón, acordó ayer imputar a Iberdrola Renovables por un presunto delito de cohecho por los encargos que habría realizado al comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando estaba en activo en el llamado proyecto Wind. Con esta decisión, el juez atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción, como ya hizo el jueves con CaixaBank y Repsol. Preciamente esta última, presidida por Antoni Brufau, se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes infringieron el deber de vigilancia y supervisión.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional señala que Iberdrola Renovables habría contratado a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de la eláctrica, Antonio Asenjo, para investigar a una empresa suiza, Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chritopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica. La compañía eléctrica española se alió con esta empresa para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable para la española en un procedimiento arbitral.
El magistrado entiende que el supuesto encargo a Villarejo no se realizó a título individual por parte de los directivos y empleados de la compañía, «sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía, S.A. y en beneficio de la propia compañía».
El instructor destaca que la factura emitida el 14 de febrero de 2012 por Cenyt –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– por 29.500 euros en concepto de servicio de apoyo y logística de seguridad a personal en Rumanía fue pagada por Iberdrola Renovables, «evidenciando con ello que la actuación de los investigados, como personas físicas, se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía».
García-Castellón expresa «dudas» sobre la diligencia empleada en la contratación de Villarejo apuntando que podría haber favorecido la comisión del delito investigado.
