El Gobierno de Pedro Sánchez está perfilando una ofensiva contra la llamada cultura de la temporalidad que arrastra desde hace décadas el mercado laboral español y que la UE no ve con buenos ojos. Desde que otro socialista, Felipe González, abrió la puerta a la eventualidad con su reforma en 1984, esta se ha instalado de forma pertinaz y con elevadas tasas. Casi uno de cada cuatro trabajadores está contratado como eventual.

El Ejecutivo de coalición pretende vencer donde no lo hicieron los anteriores con las últimas siete reformas laborales. Para ello, prepara una batería de medidas desde los ministerios de Trabajo (Yolanda Díaz), Función Pública (Miquel Iceta)_y Seguridad Social (José Luis Escrivá ) Una de las diferencias es que del éxito de las mismas puede depender la llegada de parte de los fondos europeos. He aquí las claves:

Menos tipos de contratos.

La reforma que más directamente pretende incidir en la eventualidad es la que pilota Díaz y que persigue simplificar y reducir a tres los tipos de contrato: indefinido, temporal y de formación. La última gran sacudida en este sentido la aplicó la ministra del PP Fátima Báñez (hoy en la CEOE). Consistió en reducir de 41 a 5 las clases de contratos, aunque luego esas cinco tenían múltiples submodalidades, lo que no logró eliminar la elevada complejidad normativa.

A los sindicatos, no así a la patronal, esa simplificación les suena bien, pero alertan de que para que las leyes se cumplan es necesario que alguien vele por ello. «Necesitamos triplicar los recursos para la Inspección de Trabajo, y hacerlo además de manera permanente», afirma la secretaria de empleo de CCOO, Lola Santillana.

Duración limitada.

La reforma de la contratación que propone Díaz tiene otras dos patas. No solo se quiere reducir los tipos de contrato, reforzar su causalidad (que los temporales sean realmente temporales) y endurecer los despidos, también limitar la duración de los eventuales a, máximo, un año. Dos, si es para cubrir una baja. Reducir la duración de los contratos temporales no es nuevo, reformas como la de Mariano Rajoy ya lo hicieron y aquí las centrales presionan para apurar los avances tecnológicos para esa cruzada antiabusos. «El Gobierno debe tener los mecanismos adecuados para convertir automáticamente cualquier contrato temporal que supere un tiempo determinado en uno indefinido», exige el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El líder sindical pone como ejemplo la campaña específica del anterior Gobierno, que mandó cartas a empresas en las que las avisaba de que tenía indicios de fraude. Y lo hizo cruzando datos entre el SEPE y la Seguridad Social. En un año se registraron 59.359 conversiones.

Cuotas con recargo.

En 2019, la ministra Magdalena Valerio introdujo una sobrecotización: en el caso de contratos de menos de cinco días, el empresario debe pagar el 40% más que en el caso de un indefinido. La intención de Escrivá es aumentar más esa cifra y hacerlo en proporción: cuanto menos dure el contrato, más deberá pagar el empresario. «Medidas así lanzan un mensaje peligroso, pues si se fija un precio los empresarios pueden pensar que sigue siendo lícito. Y muchos de esos minicontratos están en fraude», apunta Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia.

Interinos.

Frente a los elevados índices de temporalidad en las empresas cabe destacar que la eventualidad en el sector público es incluso superior: roza, en servicios como educación y salud, el 40%. Hasta ahora acuerdos firmados entre anteriores ejecutivos y los sindicatos, como los de 2017 y 2018, para garantizar la convocatoria de oposiciones no han funcionado.En este sentido, Iceta prepara una reforma que, por un lado, quiere limitar a tres los años que un interino puede estar en la misma plaza, y por otro, quiere pedir responsabilidades incluso por prevaricación a los gestores que no convoquen las oposiciones a tiempo.

Nuevos Ertes.

Díaz y Escrivá pretenden aprovechar los fondos europeos para armar una especie de hucha de los ertes y dar ayudas a las empresas que no despidan, costear las prestaciones de los trabajadores y financiar formaciones para mejorar sus aptitudes o permitirles transitar hacia otros sectores. «La clave es que se habiliten ante caídas puntuales de demanda. No puede servir para retrasar despidos. Y luego solo deberían poder acceder empresas con una baja temporalidad, para así incentivar esas prácticas», subraya el economista de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz.