La Comunidad Autónoma aún no ha habilitado los fondos necesarios para el pago extra a los asalariados en ERTE con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, a los que cobran menos de 950 euros mensuales. En la Consejería de Hacienda, que dirige el también vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, están buscando vías para financiar y poner en práctica la iniciativa del departamento de Economía, Conocimiento y Empleo. Fue la responsable de estas áreas, Elena Máñez, quien hace casi dos meses –el 19 de abril– anunció el complemento salarial para los trabajadores incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y con ingresos bajos. Según los primeros cálculos, hay alrededor de 30.000 potenciales beneficiarios. O al menos los había cuando Máñez adelantó la medida.

La consejera Máñez anunció en abril el complemento para quienes cobran menos del SMI

El viceconsejero de Empleo del Ejecutivo autonómico, Gustavo Santana, explicó a este diario tras el anuncio de Máñez que ya estaba «cerrado» con la Consejería de Hacienda el adelanto de los 30 millones de euros que hacen falta para abonar este extra a los asalariados en ERTE. La medida se sufragará, según avanzó el viceconsejero, con los fondos comunitarios del macroprograma React-Eu, pero el adelanto del dinero haría posible que esas 30.000 personas –entre 22.000 y 30.000, precisó entonces Santana– percibieran la ayuda cuanto antes. Sin embargo, cerca de dos meses después, los trabajadores en suspensión de empleo que cobran por debajo del SMI aún no han recibido la ayuda. Es más, en Hacienda siguen en estos momentos buscando vías de financiación, tal como explicaron ayer desde el departamento.

Con todo, el hecho de que aún no se disponga de esos 30 millones no es el único obstáculo que frena la iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Tanto Máñez como Santana puntualizaron en su momento que los 30.000 potenciales beneficiarios eran un cálculo aproximado a partir de las primeras conversaciones con el Servicio de Empleo Público Estatal, el SEPE, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social que debe informar al Gobierno de Canarias del número exacto de asalariados en ERTE que reciben ingresos mensuales inferiores al SMI. Hasta entonces, hasta que el SEPE no suministre los datos al departamento de Elena Máñez, no será posible saber el verdadero alcance de la medida. Al respecto, el viceconsejero de Empleo aseguró en su día que el organismo estatal ya había puesto a uno de sus técnicos en contacto con los de la consejería, pero este trabajo conjunto todavía no ha dado sus frutos. Cuando menos hasta ayer, por lo que en el Ejecutivo regional aún no saben si el pago extra será de cien euros mensuales –a contabilizar desde el 14 de marzo de 2020, el día que se decretó el estado de alarma nacional por el coronavirus– o si podrá subirse a 150 euros o incluso más. Dependerá de cuántos sean finalmente los beneficiarios, lo que a su vez exige que el SEPE suministre los datos. Desde la consejería aseguraron ayer que se está metiendo toda la prisa posible al organismo público.

Si no se aplica con carácter retroactivo, los potenciales beneficiarios serán cada vez menos

No obstante, hay que recordar que Comunidades Autónomas como País Vasco, Navarra o La Rioja, por ejemplo, ya han abonado ayudas parecidas a las que pretende dar Canarias a los trabajadores en ERTE con menos recursos. No en vano, muchos de estos empleados, que en el caso de las Islas son en su mayor parte personas ocupadas en el negocio turístico, donde los sueldos son por lo general bajos y hasta muy bajos –camareros, recepcionistas, limpiadores...–, han quedado en una situación personal o familiar muy delicada, ya que el trabajador en ERTE sigue cobrando a fin de mes, pero no cobra lo mismo que mientras está en activo. El problema laboral trasciende así a lo social, por más que Máñez insistiera al anunciar el complemento a los ingresos de este colectivo que no se trata de una ayuda social.

La idea en la consejería es gastar hasta el último euro de los 30 millones que se aspira a repartir, siempre que antes, eso sí, Hacienda encuentre de dónde sacar los dineros. Una vez esté garantizada la financiación y el SEPE haya enviado al fin la información necesaria, los técnicos del departamento ya podrán redactar las bases de la convocatoria de ayudas, que el Gobierno está tratando de consensuar con los sindicatos. Será entonces cuando se conocerán los detalles y si la medida tendrá o no carácter retroactivo, esto es, si podrán solicitar el pago extra solo los trabajadores que entonces permanezcan en ERTE y cobren menos del SMI o si también podrán hacerlo quienes no estando ya en ERTE –por haberse reincorporado a la actividad o, en el peor de los casos, por haber acabado en el paro– lo han estado desde el estallido de la pandemia ingresando menos de esos 950 euros al mes.

Cabe también recordar que el complemento para los empleados en ERTE con bajos ingresos es uno de los compromisos que el Ejecutivo adquirió en el Plan Reactiva, que es fruto de un pacto suscrito también por el principal partido de la oposición, Coalición Canaria, donde cada vez están más descontentos con su ejecución.