La factura de la luz incluye varios cargos que los usuarios pagan pese a no estar relacionados con su consumo. Entre ellos, la deuda contraída por el Estado con las compañías hace más de un década.

Entre los múltiples y variados componentes del recibo de la luz destaca la deuda eléctrica, contraída por el Estado con las compañías y que cada año amortizan los usuarios a través de la factura. Pero todavía quedan por pagar 14.294 millones de euros, el 13,9% menos que en 2019. Por tanto, de media, a cada usuario de los 29 millones de clientes que hay en España le corresponde pagar casi 500 euros de aquí a 2028, cuando se salde la deuda, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Esta hipoteca se generó por la acumulación de déficits del sistema eléctrico durante más de una década. Lo que los usuarios pagaban con sus recibos de la luz no fue suficiente para cubrir los costes del sistema eléctrico a partir del año 2000. La deuda fue engordando hasta 2013, cuando llegó a sumar 28.700 millones de euros. Entonces, se llevó a cabo una reforma en el sector eléctrico que supuso que, después de 14 años consecutivos de generación de déficit, 2014 fuese el primer ejercicio en el que había un superávit (550,3 millones de euros). Esta situación se repitió en 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien cada año en menor cuantía.

En un primer momento, los consumidores debían esa cantidad a las empresas eléctricas, que fueron quienes asumieron el desequilibrio en sus cuentas, pero posteriormente se titularizó y se colocó en los mercados financieros. Así, las compañías cedieron sus derechos de cobro a fondos de inversión y a las entidades bancarias, que reciben ahora lo que se paga en el recibo.

Cada año, la factura de la luz incluye como costes regulados parte de esa deuda. En concreto, este año los usuarios deben hacer frente a 2.464,5 millones euros, a razón de unos 85 euros por cliente, de los cuales 352,6 millones corresponden a intereses. Los costes regulados suponen en total alrededor de unos 17.000 millones de euros al año. Además del déficit, se incluyen los costes de las redes de transporte (1.700 millones) y distribución (5.200 millones), las primas por las renovables (Recore), que ascienden a 6.300 millones, y la retribución específica por la producción extrapeninsular de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla (641 millones).

Dentro de unos ocho años se prevé que el componente del déficit desaparezca, aunque antes se supone que lo harán los 6.300 millones (un importe decreciente a medida que las renovables alcancen el final de su vida útil) que se pagan en el recibo de las primas a las renovables. Cantidad que el Gobierno pretende primero reducir en menos de 1.000 millones de euros, al destinar la mayor parte de los dividendos de CO2 de nucleares e hidroeléctricas a este concepto, y después eliminar en un plazo de cinco años con la creación de un fondo para que todas las energéticas –petroleras, gasistas y eléctricas– hagan frente a esa cantidad.

Nuevas tarifas

Los ingresos del sistema eléctrico están formados, entre otros, por los peajes y los cargos que deben cubrir esos costes. Los peajes y los cargos tienen un precio regulado que modifica tanto el término de potencia como el de energía de la factura con el objetivo de especificar la cuantía que debe pagar cada usuario a este fin. Gobierno y CNMC han modificado ese precio al establecer diferencias según la hora del día en que se consume electricidad, dando lugar a las nuevas tarifas que entraron en vigor el primer día de junio.

Son los nuevos periodos que distinguen, en el caso de la energía, entre hora punta, llana o valle.

En el periodo punta (entre las 10.00 y las 14.00 horas y las 18.00 y 22.00 horas), el coste de los peajes y los cargos es más alto; en el tramo llano (entre las 8.00 y las 10.00 horas, las 14.00 y las 18.00 horas y las 22.00 y las 00.00 horas), el coste es intermedio; y en la tarifa valle (entre la medianoche y las ocho de la mañana y durante todo el fin de semana y los festivos), este coste es más bajo.

Similar a lo que ocurre en el caso de la potencia, con dos periodos, uno punta (de 8.00 horas a 00.00 horas entre semanas) y otro valle (entre las 00.00 horas y las 7.00 horas entre semana y todo el fin de semana).

Vuelta al desequilibrio

En 2019, el sistema eléctrico registró de nuevo un déficit de 527,7 millones de euros y en 2020 se situará en la misma línea. Esta diferencia no engrosará la deuda, se absorberá con parte del superávit acumulado en los años de bonanza eléctrica (de 2014 a 2018) gracias a una hucha que asciende a 1.000 millones de euros.

El superávit acumulado realmente es de 1.687,5 millones de euros, pero hay que eliminar de esta cuantía los 650 millones utilizados en procesos judiciales e inversiones renovables. La ley del sector eléctrico prohíbe destinar los excedentes acumulados a cubrir el déficit que se produzca cada año y solo permite utilizarlo para amortizar la deuda. Pero el Gobierno modificó esta ley en junio de 2020 para destinar el remanente a esos déficits.