Los productores canarios de tomate y sus homólogos del sur de Europa se plantan ante el acuerdo suscrito entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, que permite introducir en el continente miles de toneladas de esta hortaliza. De esta manera, los agricultores del Archipiélago, pero también del resto de España, Italia, Francia y Portugal, han denunciado ante las autoridades europeas el flagrante incumplimiento que el país marroquí lleva años cometiendo. Aseguran que los importadores llevan al menos una década introduciendo en territorio europeo mucha más cantidad de tomates que la permitida. Y por eso, demandan a la Comisión que se revise el acuerdo de Asociación suscrito con Marruecos y que se extreme la vigilancia, ya que de lo contrario, la supervivencia de esta producción en Europa está en serio peligro.

El acuerdo que se cerró entre los 27 y el reino alauí contempla un máximo de entradas de 285.000 toneladas de tomates anuales por un precio de 0,46 céntimos. Sin embargo, solo en 2020, las importaciones de ese país a toda la UE superaron las 518.000.

«Marruecos, como otras veces, se salta a la torera los kilos que puede introducir en Europa, el problema es que eso tiene consecuencias», expone Rafael Hernández, presidente de a Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias).

Sin embargo, este año hay una importante diferencia y es que al estar el Reino Unido ya fuera de la UE, el territorio ha perdido a los 60 millones de consumidores británicos. A pesar de esto, el pacto de importación con Marruecos no se ha revisado a la baja, –y se han introducido no solo los kilos que correspondían sino muchos más–, y al mismo tiempo este país ha firmado un acuerdo agrícola con Gran Bretaña, libre de aranceles, para exportar directamente allí sus productos.

Hernández explica que el efecto que produce el exceso de oferta en un mercado europeo al que le faltan los consumidores británicos «es una drástica bajada de precio», algo que hace inviable «lo que perciben los agricultores canarios ya que nosotros tenemos un coste de producción más alto». Al estar vinculados a la normativa europea, que es más garantista tanto en derechos laborales como en utilización de productos fitosanitarios, los costes de producción son mucho más elevados en el Archipiélago y, por ejemplo, mientras un trabajador agrícola puede cobrar unos 60 euros por jornada, en Marruecos su salario no alcanza los cinco euros. «No podemos competir con la miseria y de ahí la decadencia en el número de kilos y de hectáreas de producción que se han perdido» en las Islas en los últimos años, valora.

«Llevamos mucho tiempo denunciando que había que hacer controles porque no estaban cumpliendo los acuerdos», señala Gustavo Rodríguez, portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex). Sin embargo, asegura que siempre chocaban contra un muro, algo que achaca a la importancia geopolítica de Marruecos «como puerta de contención de la migración hacia Europa».

Sin embargo, «en esta ocasión todos los países europeos del sur nos hemos plantado». Por eso, reclaman a la Comisión Europea que se revise el acuerdo para que se ajuste el precio de entrada del tomate marroquí al valor real de las producciones, ya que no se actualiza desde hace décadas. Además, piden que se cumpla con las cantidades acordadas y se les exija un cumplimiento más riguroso de la normativa fitosanitaria europea.