El Gobierno ha planteado a patronal y sindicatos que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) covid sea hasta el 30 de septiembre. Cuatro meses más que dejarían toda la campaña laboral de verano cubierta. Los sindicatos dan por buena la fecha, mientras que desde la patronal CEOE no han querido pronunciarse sobre una negociación que acaba de empezar. Este fue el principal punto discutido en la primera reunión para extender estos mecanismos de protección del empleo más allá del 31 de mayo, cuando vence la prórroga actual. Una vez fijada la fecha, ahora las partes deben acabar de cerrar el contenido. Los negociadores de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social reanudaron las conversaciones con la patronal y los sindicatos ayer y la primera reunión –de cuatro horas– fue fructífera. Unos 640.000 trabajadores actualmente en ERTE (84.531 en Canarias) dependen de la renovación de este mecanismo de protección social.
El Gobierno ya se había comprometido ante la Unión Europea a alargar este mecanismo de protección todo lo que resta de ejercicio. De momento, y salvo que embarrancaran las conversaciones, se garantiza el verano y se abre la puerta a que pueda haber una nueva y probablemente última prórroga para acabar de cubrir el ejercicio.
Los negociadores de Seguridad Social y Trabajo han repetido la fórmula de la anterior negociación: «primero cerramos el hasta cuándo y luego ya discutiremos sobre el cómo». Es el mensaje que ha imperado.
«La noticia importante es que los ERTE se van a mantener, que va a haber un nuevo acuerdo hasta el 30 de septiembre y la apuesta por seguir manteniendo esta herramienta mientras las necesidades económicas fruto de la pandemia del covid-19 sigan vigentes», declaró la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Fuentes consultadas de UGT afirman que ven con buenos ojos la fecha y están a expensas, como el resto, del contenido. Y la patronal, habitualmente más reticente para sellar acuerdos, prefiere esperar.
Será a partir de la reunión de la semana que viene cuando las partes empezarán a discutir el esquema, con tres semanas para acabar de cerrar el entente. Fuentes sindicales explicaron que el Ejecutivo se ha comprometido a partir de las bases del anterior acuerdo, que confería prioridad a los trabajadores que no podían reactivarse. La idea que les han trasmitido es analizar qué ramas de actividad siguen estando afectadas por la crisis y precisan seguir con acceso a las ayudas, cuáles pueden descolgarse y cuáles podrían añadirse. También revisar el acceso de los trabajadores fijos discontinuos a los ERTE, que sobre el papel tienen derecho, pero no siempre acaban protegidos. No obstante, papeles sobre un acuerdo no hay todavía encima de la mesa y tampoco se ha discutido si podría haber modificaciones en los porcentajes de exoneraciones para las empresas.
Respecto a cuáles son los sectores más afectados. Las cifras arrojan que de los 640.000 en toda España el grueso de la ‘paralización’ afecta a trabajadores la mayoría relacionados con el turismo. La actividad con mayor número de trabajadores en ERTE es el servicio de comidas y bebidas (hostelería), con más de 196.000 afectados, seguido de los servicios de alojamiento (104.461), del comercio minorista (50.145 empleados), del comercio mayorista (33.998), actividades deportivas y de entretenimiento (23.985 afectados) y agencias de viajes (21.789).
Pese a que el primer mensaje ha sido de continuidad en el sistema, ministros como José Luis Escrivá o la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, se han posicionado en las últimas semanas a favor de introducir cambios en el esquema de incentivos, para premiar más a aquellas empresas con posibilidad de reactivar a trabajadores del ERTE. Mientras que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y los agentes sociales son más proclives a mantener sin apenas cambios el actual modelo. Ese debate deberá esperar a la semana que viene, pues en la reunión de este jueves no ha habido cruce de propuestas por escrito.
El ‘hasta cuándo’ no ha sido conflictivo –tampoco lo fue en la anterior prórroga–, pero el ‘cómo’ sí puede generar mayores disensos. Pues el esquema de incentivos no será el único punto de debate y hay varias aristas que las partes van a querer tocar. Una de estas es la ‘prohibición de despedir’ para las empresas que estén en ERTE y durante los seis meses posteriores a la finalización del mismo. La patronal quiere eliminar esa cláusula, los sindicatos abogan por mantenerla y hasta ahora el Gobierno la ha ido prorrogando.
La renovación del ‘contador a cero’ de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados y el garantizar un mínimo del 70% de prestación a partir de los seis meses de suspensión son otros dos flecos que las partes también deberán convenir.
El Gobierno ha presupuestado un gasto de 7.972 millones de euros este 2021 para mantener a lo largo del año este esquema del escudo social. Una proporción sustancialmente menor que los 29.311 millones que dispuso para ello durante el año anterior. A tenor de la reducción del número de afectados, pues en el momento de mayor confinamiento se alcanzó el pico de 3,5 millones de empleados suspendidos.
Las ayudas para los trabajadores autónomos, que actualmente benefician a unos 450.000 afiliados al RETA, también están pendientes de ser renovadas más allá del 31 de mayo y, de momento, no hay fecha para esa reunión. En prórrogas anteriores su esquema ha seguido un guión paralelo al de los ERTE y el acuerdo con los agentes sociales se ha acabado cerrado por las mismas fechas.
