El Gobierno está sopesando ampliar la moratoria de los concursos de acreedores forzosos más allá del 14 de marzo. La medida, reclamada por la patronal CEOE y por la banca y apoyada por el Banco de España, buscaría evitar una ola de suspensiones de pagos de empresas a partir de esa fecha que se lleve por delante por igual a compañías viables con problemas puntuales a causa de la pandemia, a las que se quiere apoyar, y a firmas estructuralmente inviables o zombis.

Se trataría de dar tiempo para desplegar dos de las iniciativas que ultima el Ejecutivo: por un lado el nuevo marco de apoyo a empresas con reestructuraciones de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ayudas directas, que aspira a aprobar en marzo con el visto bueno de la Comisión Europea, y por otro la reforma de la ley concursal para agilizar estos procesos y evitar que aboquen a la mayoría de compañías a la desaparición.

Normalmente las empresas están obligadas a instar su concurso de acreedores voluntario en los dos meses posteriores a caer en insolvencia, es decir, de llevar tres meses sin pagar impuestos, contribuciones a la Seguridad Social o salarios. También lo pueden reclamar los acreedores (concurso necesario). La pasada primavera, el Gobierno dio luz verde a la suspensión de dicho deber de solicitar la declaración de concurso, así como a la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso por los acreedores. La medida, prorrogada en noviembre hasta el próximo 14 de marzo, implica que el inicio de los concursos depende ahora básicamente de la voluntad de las propias empresas.

“Tenemos que analizar si es conveniente alargarlo o si eso no puede suponer un elemento mayor de incertidumbre para las empresas. Nuestra prioridad es ver cuáles pueden ser los instrumentos que nos permitan reforzar la solvencia de las empresas que tienen viabilidad a medio plazo, que eran solventes, y cuyo desequilibrio patrimonial viene generado por una situación extraordinaria y transitoria como es la de la pandemia”, apuntó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.