Pensionistas de canarias reclaman al Gobierno autónomo que abone el complemento de las pensiones no contributivas y de las de viudedad hasta llegar a lo que consideran una cantidad digna, que fijan en algo más de 1.100 euros, lo que en estos momentos es el 60 por ciento del salario medio. Recuerdan que el Ejecutivo del Archipiélago debe compensar las actuales carencias hasta que el Estado cubra tal desfase. En estos momentos, en las Islas la pensión no contributiva media se sitúa en 402 euros, mientras que la de viudedad ronda los 703. Cabe recordar que el límite del umbral de la pobreza está en 700 euros.

En la tarde de ayer, al igual que en otros puntos del país, se desarrolló una protesta por la defensa de las pensiones públicas y contra las recomendaciones del Pacto de Toledo ante la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. A dicho acto asistieron cerca de un centenar de personas.

Carmiacu Pérez Núñez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las pensiones públicas en Canarias, recordó que la citada reivindicación para las islas se mantiene desde el pasado periodo de mandato. Y el objetivo de este movimiento es que en el Archipiélago la administración autonómica asuma el complemento, como ya se aplica en otras regiones, como es el caso del País Vasco, que es la que más ha avanzado en este ámbito.

A juicio de Pérez Núñez, “nos tenemos que acercar al salario mínimo interprofesional (SMI)”; que el actual Gobierno del Estado estableció en 950 euros. Y, de forma paralela, el SMI debe llegar al 60% del salario medio, que en estos momentos ronda los 1.100 euros. Carmiacu recordó ayer que así lo estipula la Carta Social Europea y así lo han cumplido muchos países de la UE. Esta portavoz de los pensionistas manifiesta que el problema de las pensiones no contributivas y de viudedad en Canarias es que son las más bajas de España, por la existencia de salarios más bajos y, por consiguiente, menores cotizaciones; la economía sumergida, la no cotización, o bien, una cotización insuficiente (no llegar a los 15 años).

Pérez Núñez aclara que en el Archipiélago habían en diciembre más de 42.000 pensiones no contributivas. Según fuentes autorizadas del Gobierno canario, ese dato se sitúa en 43. 164. Según esta representante de la Asociación para la defensa de las pensiones públicas, otra de las demandas al Ejecutivo autónomo consiste en que deben desaparecer las listas de espera para acceder a una pensión no contributiva. La administración autonómica determina que en esa cola figuran alrededor de 2.000 personas. Una organización sindical cifra el volumen en 7.000 solicitantes.

La Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones (Coespe) mostró ayer su total desacuerdo a las recomendaciones del pacto de Toledo y su rechazo frontal a los planes privados de empresa. Coespe exige garantizar la revalorización de acuerdo al IPC real y anual; eliminar la brecha de género; derogar las reformas de pensiones del 2011 y 2013, así como las reformas laborales 2010 y 2012; auditar las cuentas de la Seguridad Social para determinar la magnitud del “saqueo” de las cotizaciones y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social, y eliminar los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas.